Los aranceles del 100% impuestos por Ecuador a las importaciones desde Colombia comenzaron a regir desde la medianoche del dia de ayer, en una medida que eleva al máximo la llamada “tasa de seguridad” y marca el punto más alto de la actual tensión comercial entre ambos países. La decisión, adoptada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, duplica el gravamen del 50% vigente hasta abril y completa una escalada iniciada en febrero, cuando la tarifa era de 30%.

En la práctica, el nuevo arancel encarece de forma drástica el ingreso de productos colombianos al mercado ecuatoriano, ya que se aplica sobre el valor CIF de las mercancías y se suma a otros impuestos. Sectores como medicamentos, cosméticos, productos de limpieza y agroquímicos están entre los más afectados. Según Fedexpor, este nivel de sobrecosto puede volver inviables muchos bienes colombianos en Ecuador y afectar cadenas productivas que dependen de estos insumos.

La reacción de Colombia no se hizo esperar. El Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0455 del 28 de abril, que establece aranceles de 35%, 50% y hasta 75% para 191 productos ecuatorianos, vigentes desde el 30 de abril. La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, explicó que estas tarifas buscan proteger la producción nacional y equilibrar la relación comercial, priorizando los sectores donde Colombia tiene capacidad de abastecimiento interno.

En contexto: Gobierno Petro busca aplicar aranceles del 75% a más de doscientas mercancías clave importadas desde Ecuador

El impacto más inmediato se siente en la frontera. El comercio formal a través del Puente Internacional de Rumichaca ha caído entre 80% y 90% en los últimos meses, según reportes de prensa local y organizaciones de trabajadores. Transportistas, comerciantes y agentes de aduana enfrentan una reducción abrupta de ingresos en regiones como Nariño y Carchi, donde el intercambio binacional es una fuente clave de empleo.

El aumento progresivo de los aranceles ha cerrado además los márgenes de negociación entre exportadores e importadores. Cuando la tasa era de 30%, ambos lados podían repartirse el costo, pero con niveles de 50% y ahora 100%, ese esquema dejó de ser viable. Comerciantes en la zona estiman afectaciones cercanas al 98% en sus operaciones.

El Gobierno ecuatoriano justifica la medida por razones de seguridad y control fronterizo, en medio de preocupaciones por contrabando y presencia de grupos armados. Desde Colombia, la respuesta oficial ha sido que no asumirá en solitario el costo del conflicto comercial. La escalada coincide con un deterioro del diálogo político entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro.

El comercio bilateral entre ambos países mueve varios miles de millones de dólares al año y está compuesto por cadenas productivas integradas en sectores como agroindustria, químicos, alimentos procesados y textiles. La imposición de aranceles de este nivel rompe esa dinámica, encarece productos finales e insumos y puede redirigir flujos comerciales hacia otros mercados si se prolonga en el tiempo.

Por ahora no existe una hoja de ruta clara para reducir las tensiones. Gremios empresariales y organizaciones de frontera han pedido retomar el diálogo para evitar mayores pérdidas de empleo y un aumento de la informalidad. Sin señales concretas de negociación, el arancel del 100% se convierte en un nuevo punto de presión económica en una relación bilateral que combina comercio, seguridad y política.