El Gobierno de Colombia decidió escalar la disputa comercial con Ecuador al proponer aranceles de hasta 75% sobre más de 200 productos, incluidos varios alimentos básicos. La medida, presentada por el Ministerio de Comercio, entraría en vigor el 1 de mayo si se firma el decreto, la misma fecha en que Quito aplicará una tasa del 100% a importaciones colombianas.

El mayor impacto recae sobre productos comestibles y agroindustriales. En el nivel más alto de 75% quedan arroz, azúcar, café, aceites vegetales y cacao en polvo, bienes clave en la canasta básica y en cadenas productivas. Según el proyecto oficial, estos aranceles buscan responder de forma directa a la decisión del gobierno de Daniel Noboa de elevar la “tasa de seguridad” al 100%.

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El esquema incluye tres niveles. Además del 75%, habrá tarifas de 50% para bienes como camarón fresco y algunos insumos industriales, y de 35% para productos como banano, atún en conserva y legumbres. En conjunto, la medida cubre más de 200 subpartidas arancelarias derivadas de 73 categorías principales.

Datos de la DIAN citados en la propuesta indican que en 2025 Colombia importó 857 millones de dólares desde Ecuador. El nuevo paquete impactaría cerca del 33,13% de ese total. En contraste, el Gobierno colombiano argumenta que Ecuador grava 3.118 productos nacionales por 1.846 millones de dólares, lo que, según el documento, hace inviable exportar a ese mercado.

La decisión endurece una escalada que comenzó en enero. Desde entonces, ambos países han incrementado progresivamente sus barreras comerciales, pasando de aranceles de 30% a niveles que ahora alcanzan el 75% en Colombia y el 100% en Ecuador. El Ejecutivo colombiano sostiene que la medida es temporal y se mantendrá mientras siga vigente la tasa ecuatoriana.

El presidente Gustavo Petro ha enviado señales mixtas. En semanas previas pidió evitar afectar insumos esenciales, pero el Gobierno que encabeza respalda ahora una respuesta arancelaria amplia basada en reciprocidad. El Ministerio de Comercio defiende que ya se agotaron los canales diplomáticos.

El impacto económico puede sentirse rápido. Aranceles de este nivel encarecen los productos importados y pueden trasladarse a precios más altos para el consumidor, especialmente en alimentos. También afectan a empresas que dependen de materias primas ecuatorianas y a regiones fronterizas donde el comercio binacional es clave.

El comercio entre ambos países ya venía cayendo. Reportes de prensa señalan reducciones de hasta 69% en el intercambio y pérdidas superiores a 340 millones de dólares, además de miles de empleos afectados en zonas como la frontera sur.

El decreto aún está en consulta pública, por lo que podría tener ajustes antes de su firma. Sin embargo, si entra en vigor en los términos actuales, consolidará una de las mayores tensiones comerciales recientes dentro de la Comunidad Andina y pondrá presión adicional sobre precios, empleo y cadenas productivas en ambos países.