El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ultima un decreto que busca establecer un marco de protección para niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, sin prohibir el uso de redes sociales ni dispositivos móviles. La iniciativa desarrolla la Ley 2489 de 2025 y apunta a organizar una política pública basada en coordinación institucional, generación de datos y corresponsabilidad entre Estado, familias e industria tecnológica.

La propuesta crea el Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia, una instancia interinstitucional encargada de articular entidades como el Ministerio TIC, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Policía Nacional. Este comité tendrá la función de analizar información sobre el uso de plataformas digitales por parte de menores y orientar acciones de prevención frente a riesgos como el ciberacoso, el grooming y la exposición a contenidos inapropiados.

Uno de los ejes centrales del decreto es la obligación para grandes plataformas digitales, entre ellas Meta, Google y TikTok, de entregar reportes periódicos con datos agregados sobre el comportamiento de usuarios menores de edad en Colombia. Esta información incluiría patrones de uso, consumo de contenidos y dinámicas de interacción, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones públicas basada en evidencia y mejorar las estrategias de protección.

La ministra TIC, Carina Murcia, ha insistido en que la norma no contempla restricciones generales al acceso de menores a redes sociales o teléfonos móviles. El enfoque, según la funcionaria, se centra en establecer reglas de operación, mecanismos de seguimiento y responsabilidades compartidas, tras más de 25 mesas de trabajo con empresas tecnológicas, organizaciones sociales y entidades internacionales vinculadas a la seguridad digital.

El decreto también se apoya en la estructura definida por la Resolución 5879 de 2025, que ya había delineado el funcionamiento del comité interinstitucional, y retoma experiencias internacionales en regulación de entornos digitales para menores. Aunque no introduce límites de edad ni horarios de uso, deja abierta la posibilidad de futuras medidas más estrictas si los análisis del comité lo consideran necesario.

En el plano económico y regulatorio, la iniciativa implica nuevas cargas de cumplimiento para plataformas digitales, que deberán adaptar sistemas de reporte y análisis de datos. Al mismo tiempo, el Gobierno busca evitar restricciones más severas que puedan impactar la innovación tecnológica o el acceso a herramientas digitales educativas, en un país donde el uso de internet entre jóvenes se ha expandido de forma acelerada en los últimos años.