La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por el delito de violación de topes o límites de gastos electorales. La decisión se tomó en audiencia realizada el día de ayer ante un juez de control de garantías y se centra en presuntas irregularidades en el reporte de ingresos y gastos durante la carrera que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.
Según el ente acusador, la campaña habría superado los límites establecidos por el Consejo Nacional Electoral y omitido reportes clave en el sistema oficial Cuentas Claras. Para la primera vuelta, el tope autorizado era cercano a 28.500 millones de pesos, pero la Fiscalía sostiene que los gastos reales alcanzaron 29.924 millones, lo que implica un exceso aproximado de 1.388 millones. En los registros reportados figuraban 28.384 millones, lo que abre una brecha entre lo declarado y lo investigado.
Las autoridades señalan además que parte de esos recursos no fueron reportados o lo fueron de manera incompleta por cerca de 1.193 millones de pesos. También se investiga un ajuste contable por 345,9 millones que habría permitido trasladar gastos entre la primera y segunda vuelta. Entre los movimientos bajo revisión aparecen pagos a firmas de logística, aportes de organizaciones sindicales y préstamos políticos que no habrían quedado plenamente registrados.
En la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía calcula que los gastos llegaron a 17.623 millones de pesos frente a un tope de 13.300 millones. Esto implicaría un exceso cercano a 276 millones y la omisión de reportes por al menos 770 millones adicionales. Dentro de este tramo se investigan aportes de la Unión Sindical Obrera, servicios de agencias de viajes y pagos de terceros partidos políticos que habrían quedado por fuera de la contabilidad oficial.
Durante la audiencia, el fiscal delegado Elkin Ardila sostuvo que Ricardo Roa, en su calidad de gerente de campaña, tenía responsabilidad directa sobre la administración financiera y la ordenación del gasto. La Fiscalía argumenta que conocía los límites legales y aun así habría permitido la ejecución de gastos por encima de lo permitido y su registro incompleto ante las autoridades electorales.
El caso se apoya también en decisiones previas del Consejo Nacional Electoral, que en 2025 concluyó que la campaña Petro Presidente habría superado los topes en más de 3.500 millones de pesos y omitido reportes por miles de millones adicionales. Ese organismo impuso sanciones administrativas y multas a los responsables financieros, lo que ahora sirve como antecedente del proceso penal.
Ricardo Roa no ha aceptado los cargos. La imputación marca un nuevo frente judicial para quien hoy dirige la principal empresa estatal del país, mientras la Fiscalía evalúa si el proceso avanza hacia acusación formal y eventual juicio.
Revista COP 