Gustavo Petro afirmó que está dispuesto a retirar los aranceles impuestos a los productos ecuatorianos, en medio de la orden emitida por la Comunidad Andina de Naciones que dio un plazo de diez días hábiles a Colombia y Ecuador para desmontar las medidas comerciales que han intensificado la guerra arancelaria entre ambos países.
El pronunciamiento del mandatario se conoció a través de su cuenta en X, donde señaló que no ve inconvenientes en levantar los aranceles “en la misma forma y cronología como se pusieron”. La declaración introduce una condición de simetría, lo que en la práctica vincula cualquier desmonte colombiano a la evolución de las medidas adoptadas por Quito, en un escenario de tensión comercial que se ha extendido por varios meses.
La Comunidad Andina de Naciones, que actúa como marco de integración regional entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ordenó el retiro no solo de los aranceles recíprocos sino también de restricciones no arancelarias que han afectado el comercio bilateral. El organismo estableció un plazo de diez días hábiles para que ambos gobiernos ajusten sus políticas, en un intento por frenar el deterioro del intercambio fronterizo.
En contexto: Comunidad Andina da un plazo de 10 días a Colombia y Ecuador para retirar los aranceles
La escalada comenzó cuando Ecuador impuso un arancel del 30% a productos colombianos, que luego subió al 50%y alcanzó el 100% desde el primero de mayo. En respuesta, Colombia aplicó un arancel del 30% a bienes ecuatorianos, aunque evitó replicar el nivel máximo. Posteriormente, el gobierno de Daniel Noboa anunció una reducción del gravamen del 100% al 75% a partir del primero de junio como señal de apertura parcial en medio del conflicto.
En paralelo a los aranceles, se han mantenido restricciones que han impactado el flujo comercial en la frontera, incluyendo limitaciones al tránsito de mercancías y cambios en el uso de pasos fronterizos como el puente internacional de Rumichaca. Estas medidas han afectado cadenas de suministro en sectores como alimentos, manufacturas y productos industriales, generando sobrecostos para empresas de ambos países.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, señaló que las decisiones comerciales han generado un impacto significativo en trabajadores y consumidores, al advertir que las restricciones han sido calificadas por la CAN como irregulares. Desde el lado ecuatoriano, el gobierno ha defendido sus medidas como una respuesta a la crisis de seguridad fronteriza y al incremento del narcotráfico.
El cumplimiento del fallo de la Comunidad Andina será clave para determinar si la región logra desescalar un conflicto que ha afectado no solo el comercio bilateral sino también la confianza en los mecanismos de integración regional. Aún no está definido cómo se ejecutará el retiro de medidas ni si ambos gobiernos avanzarán de forma simultánea o condicionada, lo que mantiene abierta la incertidumbre en el corto plazo.
Revista COP 