Estados Unidos activó un nuevo paquete de sanciones contra el conglomerado militar cubano GAESA y advirtió que vienen más medidas en camino, en una decisión que refuerza el endurecimiento de la política hacia La Habana bajo la administración de Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la estrategia no está dirigida contra la población cubana, sino contra la élite militar y empresarial que controla buena parte de la economía de la isla.
Desde Roma, Rubio sostuvo que el objetivo es cortar el flujo de recursos que, según Washington, sostiene a estructuras del poder cubano sin beneficiar a la ciudadanía. En su intervención afirmó que el nuevo paquete es solo el inicio de una serie de acciones adicionales contra entidades económicas vinculadas al aparato estatal.
Las sanciones anunciadas incluyen a GAESA, un conglomerado administrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que opera en sectores como turismo, comercio, logística y finanzas. También fueron incluidas la empresa Moa Nickel S.A. y la directiva Ania Guillermina Lastres Morera. Washington sostiene que este entramado controla cerca del 40% del producto interno bruto cubano y concentra activos estratégicos del país.
Según el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, las medidas implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con entidades designadas. Además, se enmarcan en una orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo que amplía el alcance de las sanciones a actores extranjeros que mantengan vínculos con sectores estratégicos de la economía cubana.
Rubio fue más allá al advertir que el paquete actual no será el último. “Vamos a tomar más medidas”, señaló el secretario de Estado, quien ha convertido el endurecimiento de la política hacia Cuba en uno de los ejes de su gestión. En su discurso insistió en que los recursos controlados por GAESA no se traducen en mejoras para la población y que el objetivo es presionar cambios estructurales en la isla.
El impacto inmediato también alcanza a empresas extranjeras con participación en la economía cubana, como la canadiense Sherritt International, que ha comenzado a retirarse del país tras décadas de operación en proyectos de níquel. Este movimiento refleja el riesgo creciente para inversionistas internacionales frente a posibles sanciones secundarias de Estados Unidos.
Desde La Habana, el gobierno cubano ha rechazado las medidas y las considera parte de una política de presión económica. Washington, sin embargo, mantiene su postura de ampliar la ofensiva financiera sobre el núcleo empresarial y militar del Estado cubano, mientras Rubio anticipa que el ciclo de sanciones apenas comienza.
Revista COP 