El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y pidió que la política económica del país se maneje con mayor coordinación entre el emisor y el Gobierno Nacional. El mandatario insistió en que el tono del debate institucional no debe desconectarse del impacto que las decisiones económicas tienen sobre el costo de vida, el crédito y el empleo en Colombia.
La respuesta se produjo en medio de un nuevo episodio de tensión institucional, luego de que Villar defendiera la postura del banco central y advirtiera sobre los riesgos de deterioro en la confianza si se intensifican las críticas desde el Ejecutivo. El intercambio volvió a poner sobre la mesa el papel de la coordinación entre el Gobierno y el emisor en la conducción de la política macroeconómica del país.
En su reacción, Petro pidió al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, “bajar los ánimos contra el pueblo colombiano” y sostuvo que el incremento de tasas afecta directamente a los hogares y al acceso al crédito. El mandatario insistió en que este tipo de decisiones deberían articularse con la política económica del Ejecutivo, orientada a impulsar la producción y el crecimiento.

El presidente calificó el alza de tasas como una presión sobre los sectores más vulnerables y reiteró su crítica a lo que considera una política monetaria restrictiva que favorece a los tenedores de deuda pública. “Es una agresión subir la tasa de interés de la manera que lo ha hecho”, afirmó Petro en sus declaraciones.
Desde el Banco de la República, la respuesta ha sido defender la autonomía del emisor y la necesidad de mantener una política restrictiva para controlar la inflación, que sigue por encima de la meta del 3%. La entidad ha advertido además que el deterioro del tono institucional puede afectar la confianza de los inversionistas y elevar la percepción de riesgo sobre la economía colombiana.
El debate se enmarca en la discusión constitucional sobre la coordinación entre el Gobierno y el banco central, donde el Ejecutivo reclama mayor articulación mientras el emisor insiste en independencia técnica. En el fondo, el desacuerdo refleja dos visiones distintas sobre el manejo de la inflación y su impacto en la actividad económica.
