El Gobierno de Venezuela anunció el cierre total por 15 días de uno de los principales pasos fronterizos con Colombia, el puente internacional Francisco de Paula Santander, debido a fallas estructurales que comprometen su estabilidad. La medida, acordada con autoridades colombianas, entró en vigor el día de ayer y afecta un corredor clave para el comercio y la movilidad binacional.
El puente conecta a Cúcuta, en Norte de Santander, con el municipio de Pedro María Ureña, en el estado Táchira, y registra un flujo estimado de más de 8.000 vehículos diarios, según reportes de autoridades. Es el segundo paso más transitado de esta frontera, solo por detrás del puente Simón Bolívar.
El cierre responde al deterioro causado por las recientes crecientes del río Táchira. Las lluvias intensas elevaron el caudal y provocaron erosión y socavación en las bases de la estructura del lado venezolano, lo que llevó a una decisión preventiva para evitar riesgos mayores. El Instituto Nacional de Vías de Colombia confirmó que el tramo bajo su jurisdicción no presenta daños críticos, pero reconoció afectaciones en el sector venezolano.
Antes de la suspensión total del tránsito, las autoridades habían limitado el paso a un solo carril y prohibido la circulación de vehículos pesados. Sin embargo, las inspecciones técnicas concluyeron que el daño estructural exigía una intervención más profunda y la interrupción completa del flujo.
Durante el cierre, el tránsito de vehículos y personas será redirigido hacia otros pasos habilitados como los puentes Simón Bolívar y Atanasio Girardot. Estos corredores deberán absorber la demanda adicional, lo que anticipa mayores tiempos de desplazamiento y costos logísticos para transportadores, comerciantes y trabajadores transfronterizos.
El Ministerio de Transporte de Venezuela informó que durante los 15 días se ejecutarán trabajos de rehabilitación en la estructura y labores de dragado en el río para reducir el impacto del caudal sobre las bases del puente. En paralelo, Colombia adelanta evaluaciones técnicas para definir obras de protección que estabilicen el entorno.
El cierre ocurre en un contexto de reactivación de las relaciones entre ambos países, tras la reapertura de la frontera entre 2022 y 2023. También coincide con esfuerzos conjuntos en seguridad para enfrentar economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas en la zona limítrofe.
Por ahora, no hay un cronograma detallado de las obras ni certeza sobre si el cierre se extenderá más allá de los 15 días anunciados. Tampoco se han divulgado estimaciones oficiales sobre el impacto económico de la medida, aunque el volumen de tráfico sugiere efectos relevantes sobre el comercio y la movilidad en la región.
Revista COP 