La Superintendencia Nacional de Salud ordenó una actuación especial de inspección, vigilancia y control sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, en una decisión prioritaria que busca esclarecer presuntas irregularidades en el sistema de salud de los docentes en Colombia. La medida se adopta tras denuncias recurrentes de maestros sobre fallas en la atención y por instrucción directa del presidente Gustavo Petro.

La entidad, bajo la dirección del superintendente Daniel Quintero Calle, indicó que la revisión abarcará el funcionamiento integral del modelo de salud del magisterio, incluyendo la prestación de servicios médicos, la entrega de medicamentos, las autorizaciones, la gestión de quejas y reclamos y la administración de los recursos públicos. También se evaluarán los contratos con prestadores, gestores farmacéuticos y entidades encargadas de la operación del sistema.

La investigación se concentra además en el rol de Fiduprevisora, entidad encargada de administrar los recursos del fondo, así como en otros actores que intervienen en la cadena de prestación del servicio. Supersalud advirtió que, si se encuentran hallazgos con relevancia fiscal, disciplinaria o penal, estos serán trasladados a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para su respectiva actuación.

El FOMAG es el mecanismo que financia y organiza la atención en salud de docentes activos, pensionados y sus familias en el país, un esquema que moviliza recursos públicos significativos y que opera mediante contratos con múltiples operadores y redes de prestación. Su diseño lo convierte en uno de los regímenes especiales más grandes del sistema de salud colombiano.

La Superintendencia tiene la facultad de imponer medidas administrativas, abrir investigaciones sancionatorias y ordenar correctivos si se confirman fallas en la gestión o uso indebido de recursos. En este caso, la orden establece que la actuación debe ser inmediata y prioritaria debido al riesgo sobre el derecho fundamental a la salud de los usuarios.

El anuncio se da en medio de un contexto más amplio de tensiones en el sistema de salud colombiano, donde distintos organismos de control han advertido sobre problemas estructurales en el flujo de recursos, pagos a prestadores y sostenibilidad financiera. También coincide con debates sobre reformas al modelo de aseguramiento en salud.

Por ahora no se conocen resultados concretos de la investigación ni decisiones de fondo sobre posibles sanciones o intervenciones. Tampoco se han revelado hallazgos específicos sobre contratos o actores individuales. La Superintendencia deberá presentar avances en las próximas etapas de la actuación, mientras el sistema de salud del magisterio entra en un periodo de revisión intensiva bajo la lupa del Estado.