El comercio entre Colombia y Ecuador se desplomó tras una escalada de aranceles cruzados que ya está afectando hasta el 95% de la actividad formal en la frontera, según reportes gremiales y estimaciones recogidas en la zona de Rumichaca. La disputa ha convertido uno de los corredores comerciales más importantes de la región andina en un punto crítico de tensión económica y política.
El origen de la crisis está en la decisión del gobierno de Ecuador de imponer una “tasa de seguridad” que llegó al 100% sobre importaciones colombianas, medida defendida por el presidente Daniel Noboa como respuesta a problemas de seguridad fronteriza y desequilibrios comerciales. Colombia reaccionó con aranceles entre el 35% y el 75% sobre cerca de 190 productos ecuatorianos, en una decisión temporal impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
En contexto: Gobierno Petro busca aplicar aranceles del 75% a más de doscientas mercancías clave importadas desde Ecuador
La consecuencia inmediata ha sido el colapso del flujo comercial en el Puente Internacional de Rumichaca, donde gremios de transporte reportan una caída abrupta del movimiento de carga. De pasar a filas de hasta 150 camiones en días normales, el tránsito se redujo a apenas cinco vehículos en algunos momentos recientes, reflejando el freno casi total de las operaciones formales.

El impacto económico trasciende la frontera. Voces del sector empresarial y de transporte estiman que cerca de 400.000 empleos podrían estar afectados de forma directa e indirecta entre ambos países, especialmente en logística, comercio minorista, agricultura e industria asociada al intercambio binacional. En la zona fronteriza, transportadores advierten además que la caída del comercio está empujando a la informalidad y al contrabando como alternativa de subsistencia.
En paralelo, la tensión comercial se ha mezclado con decisiones en materia energética y de seguridad. Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador, un suministro clave en periodos de baja generación hidroeléctrica en ese país. Al mismo tiempo, el gobierno colombiano reforzó la presencia militar en la frontera con cerca de 15.000 uniformados, en el marco de operaciones contra el narcotráfico.
Las cifras oficiales muestran lecturas divergentes del conflicto. Ecuador reporta un superávit comercial de 62,9 millones de dólares con Colombia entre febrero y marzo de este año, el primero en más de dos décadas, mientras que gremios advierten que ese resultado responde principalmente a la caída de importaciones y no a un fortalecimiento productivo. En Colombia, el Ministerio de Comercio sostiene que las medidas arancelarias buscan mitigar el impacto sobre sectores sensibles sin romper las cadenas productivas.

En la frontera, la actividad económica formal se ha reducido a niveles mínimos. Dirigentes locales aseguran que el comercio opera a una fracción de su capacidad habitual y alertan sobre un deterioro acelerado del empleo y del tejido empresarial en regiones como Nariño y Carchi, donde la economía depende en gran medida del flujo binacional.
La crisis entre Bogotá y Quito sigue sin un mecanismo claro de desescalamiento. Sin acuerdos visibles ni mesas de negociación efectivas, el intercambio comercial entre ambos países se mantiene bajo una alta incertidumbre, con efectos que ya se reflejan en empleo, precios y actividad económica en la región fronteriza.
