El Ministerio de Hacienda aclaró que el Gobierno de Gustavo Petro no tiene intención de vender la participación accionaria de la Nación en Ecopetrol, tras la controversia generada por la inclusión de activos del grupo petrolero en un plan oficial de enajenación que estima su valor en 50,5 billones de pesos.

La cartera económica explicó que el Plan Indicativo de Enajenación Global 2026, enviado al Congreso el 28 de febrero, responde a una obligación anual establecida en la Ley 226 de 1995. Según el ministerio, el documento es de carácter informativo y no constituye una decisión de venta ni una orden de privatización de activos estratégicos.

La polémica se originó porque dentro del informe aparecen participaciones de la Nación en filiales de Ecopetrol en Estados Unidos, Brasil, Europa y Asia, además de activos en transporte, refinación y energía. La magnitud del listado llevó a interpretaciones sobre una eventual desinversión, lo que el Gobierno busca desmentir de forma categórica.

El Ministerio de Hacienda insistió en que la inclusión de estos activos no implica autorización para venderlos ni el inicio de procesos de enajenación. Señaló que el Estado mantiene una participación del 88,2% en Ecopetrol, lo que convierte a la compañía en uno de los principales activos estratégicos de la economía colombiana.

En el detalle del informe aparecen vehículos corporativos como Ecopetrol Global Energy, Ecopetrol USA y Ecopetrol Permian, que concentran una parte significativa del valor estimado. También se mencionan activos en Brasil, Europa y Asia, además de infraestructura como oleoductos, refinerías y empresas del sector energético.

El Gobierno subrayó que el plan no modifica la estructura de propiedad de la petrolera ni abre un proceso de venta sobre la matriz o sus filiales. En cambio, lo presenta como un inventario técnico de activos estatales susceptibles de análisis futuro, en caso de que el Ejecutivo decida avanzar en algún proceso de desinversión, lo cual no ha ocurrido.

La aclaración se produce en medio de un debate político y económico sobre el papel de Ecopetrol en la transición energética y el uso de activos estratégicos para financiar prioridades fiscales. Mientras algunos sectores interpretaron el documento como una señal de posible privatización parcial, Hacienda insiste en que no existe tal decisión.

Por ahora, el Gobierno busca cerrar la discusión asegurando que la participación estatal en Ecopetrol se mantiene intacta y que cualquier cambio en esa posición requeriría decisiones explícitas del Ejecutivo y el cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.