El Ministerio de Salud y Protección Social intervino de forma directa para detener la decisión del Instituto Nacional de Cancerología de suspender la atención a nuevos pacientes afiliados a Nueva EPS desde el 1 de mayo, al considerar que la medida vulnera el derecho fundamental a la salud y excede las facultades de una entidad adscrita al Gobierno nacional.

La cartera sanitaria desautorizó públicamente el comunicado emitido por el instituto y advirtió que la restricción anunciada se encuentra en contravía de la Ley Estatutaria de Salud, que obliga al Estado y sus instituciones a garantizar el acceso oportuno, continuo e integral a los servicios médicos. El Ministerio fue más allá y señaló que, de mantenerse la decisión, podrían iniciarse acciones penales y disciplinarias por una posible falta grave en el ejercicio de funciones públicas.

El Instituto Nacional de Cancerología había informado inicialmente que dejaría de recibir nuevos pacientes de Nueva EPS por la falta de un contrato vigente y una deuda acumulada que supera los 146.000 millones de pesos, según cifras de la propia entidad. Sin embargo, tras la intervención del Ministerio, el instituto matizó su posición y aclaró que los pacientes ya en tratamiento continuarán recibiendo atención sin interrupciones.

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En su respuesta institucional, el centro oncológico también señaló que mantiene abierta una mesa de negociación con la interventoría de Nueva EPS, liderada por Jorge Iván Ospina, con el objetivo de lograr acuerdos de pago y restablecer la contratación para garantizar la continuidad operativa. El instituto insiste en que la presión financiera derivada de la cartera impaga compromete su sostenibilidad, mientras sigue prestando servicios a pacientes activos.

El episodio refleja una tensión estructural del sistema de salud colombiano entre la garantía del derecho a la atención y la crisis de liquidez que enfrentan varios prestadores públicos. En el caso del Instituto Nacional de Cancerología, la discusión es especialmente sensible porque se trata del principal centro de referencia en oncología del país, donde se concentran tratamientos de alta complejidad y alto costo.

Desde el Ministerio se ha reiterado que ninguna entidad del sistema puede condicionar el acceso de los pacientes a la existencia de contratos o acuerdos financieros, especialmente en patologías como el cáncer, donde la continuidad del tratamiento es determinante para la supervivencia. Esta posición refuerza la línea de intervención del Gobierno en conflictos entre EPS y prestadores, en un contexto de creciente presión sobre el flujo de recursos.

Por ahora, la decisión del Ministerio frena la aplicación de la medida anunciada por el instituto y traslada el conflicto al terreno de la negociación entre la interventoría de Nueva EPS y el centro oncológico. El desenlace dependerá de si en los próximos días se logra un acuerdo que estabilice la deuda y garantice la continuidad sin restricciones de la atención a nuevos pacientes.