El Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS alcanzaron el día de hoy un acuerdo que evita la suspensión de servicios oncológicos y asegura la continuidad de la atención para miles de pacientes en tratamiento. El entendimiento se produce tras semanas de tensión por una deuda superior a 146.000 millones de pesos y la ausencia de contrato vigente desde finales de 2025, una combinación que había encendido alertas en el sistema de salud.
El anuncio fue confirmado por las directivas de ambas entidades y contempla la normalización progresiva de la relación contractual, además de la garantía de que los tratamientos en curso no serán interrumpidos y que los nuevos pacientes podrán seguir ingresando al Instituto Nacional de Cancerología bajo condiciones operativas definidas en el acuerdo.
El pacto establece que el 15 de mayo se firmará un nuevo contrato entre las partes, el cual incorporará cambios operativos como la entrega de medicamentos ambulatorios directamente en el instituto. Con esto se busca reducir trámites externos que históricamente han generado demoras en el acceso a terapias críticas para pacientes con cáncer.
Además, se acordó un plan de pagos por 52.000 millones de pesos en los próximos tres meses, correspondiente a parte de la cartera reconocida después del proceso de intervención de la Nueva EPS. El saldo restante será revisado en mesas técnicas destinadas a depurar glosas y aclarar cuentas pendientes entre las dos entidades.
La deuda total reportada por el Instituto Nacional de Cancerología supera los 146.000 millones de pesos, una cifra que refleja el nivel de presión financiera acumulado en la relación con la aseguradora y que derivó en la crisis reciente.
El acuerdo también incluye mecanismos para evitar barreras administrativas en la entrega de medicamentos y garantizar la continuidad de los tratamientos, un punto clave en patologías de alto costo como el cáncer, donde cualquier interrupción puede impactar el pronóstico clínico de los pacientes.
El Instituto Nacional de Cancerología atiende a más de 25.000 pacientes, de los cuales cerca del 20% están afiliados a la Nueva EPS. La institución había advertido días antes la posibilidad de restringir el ingreso de nuevos casos debido a la falta de contrato, decisión que queda ahora sin efecto tras la negociación.
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En el contexto del sistema de salud colombiano, la crisis entre ambas entidades reflejaba las tensiones por el flujo de recursos entre aseguradores y prestadores, especialmente en instituciones de alta complejidad que dependen de pagos oportunos para sostener tratamientos costosos.
Aunque el acuerdo estabiliza la atención en el corto plazo, persisten desafíos sobre el saneamiento de la cartera acumulada y la sostenibilidad de los flujos de pago en un sistema que continúa bajo presión financiera.
Revista COP 