El conflicto entre la Superintendencia Financiera de Colombia y el gremio de aviadores civiles escaló tras la orden de trasladar 347 pilotos activos desde la caja especial CAXDAC hacia Colpensiones junto con los recursos que respaldan sus derechos pensionales. La decisión abrió una disputa jurídica y gremial que el sector califica como una posible vulneración de derechos adquiridos y un riesgo para la estabilidad del sistema creado hace siete décadas.
La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, sostiene que la medida carece de base legal sólida y que podría extenderse a más de 700 pensionados actuales, lo que, según el gremio, pondría en riesgo la sostenibilidad de CAXDAC, una entidad que administra más de 2 billones de pesos provenientes exclusivamente de aportes privados de los pilotos.
En paralelo, el centro de la controversia se concentra en el manejo de obligaciones pendientes del sector aeronáutico. Según el gremio, más de 200 empresas adeudan cerca de 300.000 millones de pesos por conceptos pensionales, de los cuales aproximadamente 150.000 millones corresponden directamente a CAXDAC. La preocupación de los pilotos es que el traslado debilite la capacidad de cobro de estas obligaciones y genere un vacío jurídico sobre la recuperación de esos recursos.
La Superintendencia Financiera argumenta que CAXDAC habría operado fuera del marco del Sistema General de Pensiones al administrar recursos sin habilitación plena bajo la Ley 100 de 1993, mientras que la caja defiende su continuidad legal bajo decretos que le permitieron mantener la administración de sus afiliados como régimen de transición. Esta diferencia de interpretación es el núcleo del conflicto.
El gremio advierte que la decisión puede generar un efecto fiscal indirecto para el Estado si las empresas deudoras no pagan y CAXDAC pierde su capacidad de recaudo. En ese escenario, las pensiones de los pilotos trasladados terminarían siendo cubiertas por Colpensiones, lo que implicaría una presión adicional sobre recursos públicos.
Las organizaciones de aviadores civiles ya presentaron denuncias penales y acciones judiciales contra la decisión administrativa, mientras solicitan la intervención de altas cortes y organismos de control. También cuestionan el plazo de dos meses establecido para ejecutar el traslado, al considerar que no permite una transición técnica adecuada.
El caso se enmarca en un momento de ajustes más amplios del sistema pensional colombiano, donde recientes decisiones han movido billones de pesos hacia el régimen público, aumentando la tensión entre modelos de administración privada y estatal de las pensiones.
Revista COP 