El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio terminó 2025 con un patrimonio negativo de 3,2 billones de pesos y una pérdida neta de 1,73 billones, según los estados financieros auditados por BDO Audit S.A.S., lo que lo deja en una situación de insolvencia técnica y bajo advertencias explícitas sobre su continuidad como negocio en marcha. El informe eleva el nivel de alerta sobre la sostenibilidad del esquema que administra la salud y las prestaciones de cientos de miles de docentes en Colombia.

El deterioro no es aislado. El balance muestra ingresos por 4,5 billones de pesos frente a gastos que alcanzaron 6,24 billones, una brecha que explica el resultado negativo del ejercicio. La pérdida de 2025 supera ampliamente la registrada el año anterior, lo que evidencia una aceleración del desequilibrio financiero y un aumento del peso de provisiones, deterioros y costos operativos asociados al modelo de atención en salud.

La auditoría de BDO introduce uno de los puntos más sensibles del informe al señalar que no fue posible obtener evidencia suficiente sobre 1,08 billones de pesos registrados como cuentas por pagar a prestadores de salud. Las diferencias entre los saldos reportados por el Fondo y las confirmaciones de terceros abren dudas sobre la consistencia de la información financiera y sobre la trazabilidad real de las obligaciones acumuladas en el sistema.

A esto se suman observaciones sobre debilidades de control interno y gobernanza contractual. El revisor fiscal advierte fallas en la formalización de contratos con prestadores de salud y vacíos en la documentación de decisiones estratégicas, incluida la ausencia de actas del Consejo Directivo durante 2025, un elemento clave para verificar la toma de decisiones en la administración del Fondo.

El informe también cuestiona la dependencia operativa del nuevo modelo de salud implementado por la Fiduprevisora, que aún presenta limitaciones en su funcionamiento pleno y enfrenta problemas en plataformas tecnológicas y gestión de información. Estas fallas impactan directamente la capacidad de control del gasto y la eficiencia en la prestación del servicio a los docentes afiliados.

En el trasfondo financiero, el FOMAG mantiene su operación sostenido por transferencias públicas, lo que mitiga el riesgo de cierre inmediato, pero no resuelve el desequilibrio estructural entre ingresos y obligaciones. La magnitud del déficit patrimonial refuerza la dependencia del presupuesto nacional para cubrir la atención en salud y el pago de compromisos acumulados.

El contexto de control también añade presión. Entidades de vigilancia fiscal han advertido irregularidades en la gestión del Fondo en vigencias recientes, incluyendo hallazgos por decenas de miles de millones de pesos en auditorías previas, lo que suma preocupación sobre la capacidad de corrección institucional en el corto plazo.

El cierre de 2025 deja así al FOMAG en un punto crítico, con un deterioro acelerado de sus finanzas, advertencias de auditoría sobre su viabilidad y un modelo de salud que aún no logra consolidar estabilidad operativa ni financiera.