El Gobierno de Gustavo Petro incluyó en el Plan Indicativo de Enajenación Global 2026 un paquete de participaciones estatales vinculadas a Ecopetrol valoradas en más de 50,5 billones de pesos, lo que abre la puerta a una eventual desinversión de gran escala en activos estratégicos de la petrolera, aunque el documento no establece decisiones de venta ni cronogramas concretos.
El plan, remitido por el Ministerio de Hacienda al Congreso en cumplimiento de la Ley 226 de 1995, reúne un inventario de activos públicos susceptibles de enajenación en el futuro. En el caso de Ecopetrol, el listado concentra participaciones en filiales internacionales y negocios integrados en toda la cadena de valor energética, desde exploración y producción hasta transporte, refinación y comercialización.
Entre los activos identificados aparecen operaciones en Estados Unidos como el proyecto Permian, además de compañías en Brasil, México, Perú y Europa, junto con vehículos corporativos y unidades de trading. El valor agregado de estas participaciones supera los 50,5 billones de pesos, según el documento oficial, lo que convierte este paquete en el componente más relevante del plan de enajenación.
El Gobierno sostiene que se trata de un ejercicio de planeación fiscal y transparencia, no de una orden de venta. Sin embargo, la magnitud del inventario ha generado atención en el mercado por el potencial impacto que tendría una eventual desinversión en la estructura internacional de Ecopetrol, la empresa estatal más grande del país.
El documento también incluye activos de infraestructura como terminales de transporte, puertos y sociedades portuarias, en un contexto de presión fiscal, mayores necesidades de financiamiento y ajustes en la calificación crediticia de Colombia, factores que han intensificado el debate sobre la gestión de activos públicos.
Cualquier proceso de venta requeriría etapas posteriores, entre ellas avalúos técnicos, decretos específicos del Gobierno, aprobación de la Junta Directiva de Ecopetrol y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Ley 226, que regula la enajenación de activos estatales y prioriza la oferta a trabajadores y ciudadanos.
Por ahora, el plan funciona como un mapa de activos potenciales y no como un calendario de privatizaciones, mientras el Gobierno define si alguna de estas participaciones estratégicas será finalmente objeto de desinversión en los próximos años.
Revista COP 