El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, que ordena el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La decisión abre un proceso judicial que pone bajo revisión uno de los componentes más sensibles de la implementación de la reforma pensional impulsada por el gobierno Petro.

El alto tribunal no suspendió por ahora los efectos del decreto, lo que significa que la medida continúa vigente mientras avanza el estudio de legalidad. El análisis se centra en determinar si el Gobierno excedió sus facultades reglamentarias al ordenar el traslado masivo de recursos y si esta decisión respeta la Constitución y los derechos de los afiliados que hicieron aportes durante años en el régimen de ahorro individual.

La demanda fue admitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado y activa el trámite contencioso en el que deberán intervenir los ministerios de Hacienda y Trabajo como entidades demandadas. También se vinculan organismos como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público, que participarán en la defensa del acto administrativo mientras se define su validez jurídica.

El Decreto 0415 reglamenta el traslado de recursos de afiliados que migraron del régimen de ahorro individual al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Según estimaciones del sector, el monto involucrado supera los 25 billones de pesos y corresponde a cerca de 119.000 trabajadores. La norma fija plazos y procedimientos para la transferencia total de estos recursos desde las administradoras privadas.

En contexto: Gobierno Petro expide decreto que ordena el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones

En términos económicos, la decisión judicial abre un escenario de incertidumbre sobre la administración de un volumen significativo de ahorro pensional. Mientras los fondos privados advierten impactos sobre la estabilidad del sistema de inversión, Colpensiones se convierte en el receptor directo de estos recursos en el proceso de transición del sistema pensional.

El proceso no se limita a esta demanda. Existen otras acciones judiciales que buscan la suspensión provisional del decreto mientras se decide de fondo. En este contexto, el Consejo de Estado deberá definir si mantiene la vigencia del traslado o si adopta medidas cautelares que frenen su ejecución mientras estudia la legalidad de la norma.