La Fiscalía General de la Nación desplegó un operativo nacional contra la red comercial de Lili Pink y puso en marcha un proceso de extinción de dominio que afecta más de 300 tiendas, inmuebles y vehículos vinculados a Fast Moda S.A.S., empresa que opera la marca en Colombia. La medida se sustenta en una investigación por presunto contrabando de textiles y lavado de activos que se remonta a hallazgos de la DIAN desde 2022.

El día de ayer, unidades del CTI realizaron allanamientos simultáneos en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá e Ibagué. En la primera fase fueron ocupados al menos 62 locales comerciales y se practicaron nueve diligencias de registro, con al menos una captura confirmada, según reportes de prensa que citan fuentes judiciales. El universo total de bienes bajo investigación supera los 300 activos.

La extinción de dominio es un mecanismo judicial que permite al Estado tomar control de bienes presuntamente ligados a actividades ilícitas. Mientras avanza el proceso, los activos quedan bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales, que deberá definir si mantiene la operación de los puntos de venta o adopta otras medidas. La Fiscalía no ha revelado aún el valor total de los bienes ocupados ni el número definitivo de capturas.

El caso se origina en investigaciones de la DIAN que identificaron patrones de fraude en el sector textil a través de su sistema de monitoreo “Ojo de la DIAN”. Desde 2022, la entidad detectó empresas que solicitaban devoluciones de IVA sobre operaciones ficticias y luego desaparecían. En uno de los allanamientos encontró registros de sobornos y evidencias de una red que combinaba contrabando, empresas fachada y devolución fraudulenta de impuestos.

Fast Moda S.A.S. reportó ingresos entre 514.881 y 517.699 millones de pesos en 2024, con un patrimonio de 31.867 millones y un endeudamiento cercano al 89,6%, según cifras divulgadas por prensa económica. La compañía emplea a más de 2.300 personas y se ubica entre las principales del sector textil en Colombia, lo que amplifica el alcance económico de la intervención.

La empresa respondió que enfrenta un proceso administrativo ante autoridades y aseguró que colaborará con las investigaciones. También pidió a la Fiscalía y a la SAE proteger la operación y garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores, mientras adelanta su defensa jurídica para recuperar el control de los activos.

El caso revive el debate sobre el impacto del contrabando en la industria textil. Gremios han advertido que estas prácticas afectan la competencia y reducen el recaudo de impuestos como aranceles e IVA. Una eventual confirmación de los cargos podría convertir este proceso en uno de los mayores golpes recientes contra el comercio ilegal en el país.

Aún no se conocen las imputaciones formales ni los nombres de todos los implicados. Tampoco está claro si las tiendas continuarán operando bajo administración estatal o si habrá cierres parciales, una decisión que definirá el impacto inmediato sobre empleo, proveedores y centros comerciales. Mientras tanto, el proceso de extinción de dominio abre un frente legal que podría extenderse durante varios años.