La Imprenta Nacional de Colombia salió a defender el nuevo modelo de expedición de pasaportes en medio de una creciente controversia política, jurídica y técnica que rodea el convenio firmado con la Casa da Moeda de Portugal. La entidad sostiene que el esquema no debe entenderse como una simple contratación para imprimir documentos, sino como un proceso de cooperación internacional orientado a que el Estado asuma progresivamente la producción y custodia de un documento de alta seguridad.

La entidad afirma que el acuerdo con Portugal busca transferir capacidades tecnológicas y operativas al Estado colombiano, con el objetivo de reducir la dependencia histórica de operadores privados en la fabricación de pasaportes. Según su postura, el proceso contempla una transición gradual en la que la Imprenta Nacional aprende, implementa y eventualmente consolida la producción local de libretas de viaje con estándares internacionales de seguridad. En este esquema, la participación de la Casa da Moeda se presenta como un acompañamiento técnico y no como la ejecución permanente del servicio.

El debate jurídico ha escalado en paralelo. La Procuraduría General de la Nación ha cuestionado el convenio y lo llevó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras el proceso también avanza hacia el Consejo de Estado. Los señalamientos apuntan a posibles irregularidades en la forma de contratación, al uso de un esquema internacional que podría haber evitado procesos de licitación y a riesgos asociados a la seguridad del sistema. La defensa de la Imprenta insiste en que estas interpretaciones no reflejan el alcance real del modelo y que el análisis definitivo está en manos de la justicia.

En el frente técnico, la entidad reconoce la existencia de pruebas de producción, incluyendo libretas fabricadas en el exterior y un número limitado de muestras elaboradas en Colombia. Sin embargo, sostiene que estos elementos hacen parte de una fase de validación y no de la operación comercial destinada a ciudadanos. La transición, según su explicación, no es inmediata y requiere etapas de adaptación tecnológica y logística antes de asumir plenamente la producción nacional.

El modelo de pasaportes también se inscribe en una discusión más amplia sobre la capacidad del Estado para controlar la producción de documentos de seguridad y el costo de depender de proveedores privados. El Gobierno ha defendido la iniciativa como una apuesta de soberanía tecnológica, mientras que sus críticos advierten sobre riesgos operativos y jurídicos que podrían afectar la continuidad del servicio.

En el fondo, el caso mantiene abiertos interrogantes sobre el futuro del sistema de expedición de pasaportes en Colombia, en un escenario donde la decisión final dependerá tanto de la capacidad técnica de la Imprenta Nacional como de los fallos que adopten las instancias judiciales en las próximas semanas.