La Federación Colombiana de Ganaderos respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien señaló a la ganadería en la Amazonía como un posible canal de lavado de activos, deforestación y ocupación ilegal de tierras. El mandatario también cuestionó que las jornadas de vacunación bovina puedan estar facilitando dinámicas asociadas a economías ilegales en zonas rurales del país.
Petro amplió su argumento al afirmar en el Consejo de Ministros del pasado miércoles que la ganadería en regiones como la Amazonía no siempre cumple una función productiva, sino que en varios casos opera como un mecanismo para “legalizar” la ocupación de tierras deforestadas. Según su planteamiento, el ganado funciona como una señal visible de posesión sobre predios baldíos o recientemente intervenidos, lo que facilitaría la consolidación de economías ilegales que primero talan bosque, luego instalan cultivos ilícitos y finalmente introducen actividad ganadera.
El gremio negó cualquier vínculo con actividades criminales y defendió que su función se limita exclusivamente al componente sanitario del hato ganadero. Fedegán insistió en que no tiene competencias de policía ni de control de la propiedad de los predios, y que la responsabilidad de determinar la legalidad de la tierra corresponde a las autoridades estatales. En su respuesta, el gremio sostuvo que el problema de fondo en las regiones señaladas por el Gobierno no es la actividad ganadera formal, sino la presencia de ilegalidad en el uso del suelo y en la economía rural.
El debate se centra en el papel de la ganadería dentro de los procesos de deforestación en la Amazonía. Mientras el Gobierno y diferentes estudios ambientales han advertido que la expansión de la frontera agropecuaria, incluida la ganadería extensiva e ilegal, ha impulsado la pérdida de bosque, el sector ganadero defiende que no puede ser responsabilizado por prácticas ilegales cometidas por terceros. En ese cruce de versiones, la vacunación bovina administrada por Fedegán también ha quedado bajo escrutinio político, al ser señalada por el presidente como un posible mecanismo que cubre o acompaña actividades irregulares.
El choque reabre una discusión estructural sobre la gobernanza de la tierra en Colombia y la separación entre producción agropecuaria formal e informal. Para el Gobierno, la presencia de ganado en zonas deforestadas puede funcionar como señal de ocupación de hecho y consolidación de economías ilegales. Para el gremio, mezclar la actividad productiva con delitos asociados a la tierra afecta al conjunto del sector y desconoce el alcance limitado de sus funciones operativas.
En el centro del conflicto queda la tensión entre control ambiental, seguridad rural y producción agropecuaria, en un país donde la frontera agrícola sigue expandiéndose sobre ecosistemas estratégicos y donde la formalización de la propiedad rural sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales.
Revista COP 