El Gobierno Petro concretó la venta del 32,5% que mantenía en Colombia Telecomunicaciones, operadora de Movistar, tras adjudicar en la Bolsa de Valores de Colombia 1.108,27 millones de acciones a Millicom por 856.002 millones de pesos. Con esta operación, el Estado sale por completo del capital de la compañía y se consolida el control total del grupo Tigo Millicom sobre el operador.
La transacción se cerró el día de ayer y fija un precio de 772,38 pesos por acción, según información de la Bolsa de Valores de Colombia. El pago de los recursos está programado para el 27 de abril, momento en el que los fondos ingresarán al Tesoro Nacional y quedarán sujetos a seguimiento fiscal por parte de los organismos de control.
La Contraloría General de la República anunció vigilancia sobre el uso de los recursos y solicitó al Gobierno detallar su destino, en especial si serán orientados a proyectos relacionados con cierre de brecha digital. El monto, cercano a 856.000 millones de pesos, será incorporado al presupuesto nacional bajo administración del Ministerio de Hacienda.
La operación se desarrolló bajo el esquema de dos etapas previsto en la Ley 226 de 1995. En la primera fase se ofreció una porción mínima de acciones a destinatarios especiales como trabajadores y fondos de empleados. En la segunda etapa, el paquete restante fue adjudicado bajo modalidad de venta total a inversionistas precalificados, donde Millicom fue el único oferente.
Con esta compra, Millicom consolida el control absoluto de Colombia Telecomunicaciones tras haber adquirido previamente la participación mayoritaria de Telefónica. La integración de Movistar y Tigo refuerza la estructura de mercado en el sector de telecomunicaciones, donde el nuevo grupo se acerca en escala de usuarios a su principal competidor, Claro, en un entorno de alta inversión tecnológica y expansión de redes.
El Gobierno pierde así su participación accionaria en un operador estratégico del sector, mientras el mercado observa los efectos de la consolidación empresarial sobre la competencia, las tarifas y la calidad del servicio. La destinación de los recursos y el impacto de la integración serán ahora los principales puntos de seguimiento institucional en los próximos meses.
Revista COP 