El ministro de Trabajo Antonio Sanguino elevó la presión institucional sobre la Corte Constitucional y los sectores opositores del Gobierno al insistir en que la reforma pensional debe destrabarse con urgencia, durante su intervención en el Congreso de Asofondos en Cartagena. El funcionario sostuvo que las decisiones judiciales y las demandas en curso han generado una parálisis que afecta la implementación de un sistema que el Gobierno considera clave para la protección de la vejez en Colombia.
La intervención se produce mientras la Ley 2381 de 2024, que creó la reforma pensional, continúa suspendida por decisión de la Corte Constitucional tras detectar vicios de procedimiento en su trámite legislativo. El alto tribunal ordenó repetir parte del debate en la Cámara de Representantes y mantiene en pausa su entrada en vigencia, lo que ha prolongado la aplicación del sistema actual basado en la Ley 100 de 1993 y ha dejado en incertidumbre el rediseño del modelo de ahorro y reparto de pensiones.
En paralelo, el debate se intensificó por el decreto 0415 de 2026, con el que el Gobierno ordenó el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde las administradoras privadas de pensiones hacia Colpensiones. La medida, que impacta los ahorros de miles de trabajadores que se cambiaron de régimen, fue demandada ante el Consejo de Estado por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien argumenta que el Ejecutivo estaría modificando el alcance de lo aprobado por el Congreso.
En contexto: Gobierno Petro expide decreto que ordena el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones
Sanguino llamó públicamente a la Corte a acelerar la revisión del expediente y pidió a los demandantes retirar las acciones que, según su lectura, bloquean decisiones ya adoptadas por el Legislativo. También cuestionó lo que calificó como una judicialización excesiva del debate pensional, al señalar que la demora en la implementación afecta a millones de trabajadores sin cobertura y a adultos mayores que dependen de transferencias estatales.
El Gobierno defiende la reforma como un cambio estructural basado en cuatro pilares que busca ampliar la cobertura del sistema y reducir subsidios considerados regresivos. Según cifras presentadas por el Ministerio de Trabajo, más de 3,2 millones de personas no cuentan hoy con pensión y el objetivo oficial es elevar la cobertura hacia niveles cercanos al 87% en las próximas décadas, con una mayor participación de Colpensiones en el sistema.
El trasfondo del conflicto refleja una tensión entre el Ejecutivo, la Corte Constitucional y los fondos privados de pensiones en medio de un debate sobre sostenibilidad fiscal, ahorro individual y rol del Estado. Mientras el Gobierno insiste en que la reforma responde a una necesidad social urgente, los procesos judiciales mantienen en suspenso su aplicación y amplían la incertidumbre sobre el futuro del sistema pensional colombiano.
Revista COP 