El nuevo proyecto de reglamento de etiquetado frontal y nutricional impulsado por el Ministerio de Salud en Colombia abrió un fuerte choque con la industria de alimentos. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, advirtió que la propuesta aumentaría los costos de producción y presionaría al alza los precios de los alimentos en el país.

El borrador del Gobierno plantea reemplazar la Resolución 810 de 2021 y sus ajustes posteriores para establecer un sistema más estricto de información en los empaques, aplicable a alimentos procesados y ultraprocesados. Según la industria, el cambio obligaría a rediseñar la totalidad de las etiquetas en un plazo de seis meses, un periodo que considera insuficiente para la magnitud de la adaptación.

La ANDI estima que la medida afectaría a unas 51.200 empresas del sector de alimentos en Colombia, de las cuales el 98,5% son micro, pequeñas y medianas empresas. Este segmento, con menor capacidad financiera, sería el más expuesto a los costos de rediseño de empaques, ajustes de producción y destrucción de material ya impreso.

El gremio advierte que estos gastos no se quedarían solo en la industria. En su lectura, los mayores costos de cumplimiento terminarían trasladándose a los precios finales que pagan los consumidores, en un contexto de desaceleración económica y alta sensibilidad en el gasto de los hogares.

El proyecto también introduce cambios conceptuales relevantes. Incluye una nueva definición de productos ultraprocesados y exige advertencias más estrictas en los empaques, además de restricciones a herramientas como los códigos QR para ampliar información nutricional. Para la industria, estas modificaciones no cuentan con suficiente respaldo técnico y generan incertidumbre regulatoria.

Desde el sector empresarial se sostiene que la propuesta no ha demostrado de forma clara su sustento científico ni su impacto efectivo en la salud pública, mientras que sí implica cargas operativas y económicas significativas para toda la cadena de alimentos.

El Ministerio de Salud, por su parte, defiende que el nuevo modelo busca mejorar el acceso a información del consumidor y fortalecer la prevención de enfermedades asociadas a la alimentación, aunque aún no ha presentado una respuesta detallada a las advertencias económicas planteadas por el sector privado.

El debate queda abierto entre el objetivo de salud pública del Gobierno y el impacto productivo que, según la ANDI, podría tener la nueva regulación sobre miles de empresas y el precio de los alimentos en Colombia.