S&P Global Ratings advirtió que Colombia enfrenta un cuello de botella crítico para financiar proyectos de energías renovables, en medio de una caída de la inversión a niveles no vistos en los últimos cincuenta años y una rebaja reciente de la calificación soberana de BB a BB- con perspectiva estable. La señal de la agencia pone el foco en un deterioro simultáneo de las condiciones macroeconómicas y regulatorias que está frenando el cierre financiero de proyectos solares y eólicos en el país.

La advertencia, presentada en un evento del sector energético en América Latina, resume un diagnóstico que combina baja inversión, incertidumbre normativa, debilidad en la protección contractual y problemas de seguridad en territorio. Según S&P, este conjunto de factores ha elevado la percepción de riesgo y ha reducido el apetito de los inversionistas de largo plazo, justo cuando Colombia necesita acelerar la expansión de su capacidad renovable para evitar presiones sobre el sistema eléctrico en los próximos años.

La agencia sostiene que la inversión en el país como proporción del PIB se encuentra en su punto más bajo en medio siglo, lo que limita el crecimiento potencial de la economía y restringe la capacidad de financiar infraestructura intensiva en capital como los proyectos de transición energética. A esto se suma el efecto de la rebaja crediticia, que encarece el acceso a financiamiento tanto para el Estado como para empresas privadas, reduciendo la competitividad de Colombia frente a otros mercados emergentes.

En el sector energético, el problema no es la falta de proyectos sino su ejecución. De acuerdo con estimaciones sectoriales, hay miles de megavatios en desarrollo de energías renovables, pero una fracción reducida ha logrado alcanzar cierre financiero. El resto permanece detenido en etapas de licenciamiento, conexión a red o estructuración contractual, lo que retrasa su entrada en operación y genera incertidumbre sobre el cumplimiento de metas de transición energética.

S&P también pone el énfasis en la falta de contratos de compraventa de energía de largo plazo suficientemente estables, lo que aumenta la volatilidad de los ingresos esperados y obliga a los financiadores a aplicar supuestos más conservadores. En este contexto, los proyectos requieren estructuras de deuda más moderadas para poder resistir ciclos de precios y condiciones financieras adversas.

Otro punto crítico señalado es la seguridad física en zonas de desarrollo de proyectos, un factor que se suma a los riesgos regulatorios y sociales. La combinación de estos elementos reduce la bancabilidad de las iniciativas y limita la participación de inversionistas institucionales, como fondos de pensiones y aseguradoras.

La advertencia llega en un momento en el que Colombia enfrenta también presiones fiscales y tasas de interés elevadas, lo que incrementa el costo del capital. En este entorno, el país compite con otras economías de la región que ofrecen mayor estabilidad regulatoria y mejores calificaciones crediticias, lo que desvía flujos de inversión hacia destinos considerados menos riesgosos.

El mensaje de S&P deja una conclusión clara para el mercado, sin cambios estructurales en reglas, estabilidad contractual y condiciones de financiamiento, la transición energética en Colombia podría avanzar a un ritmo inferior al necesario para responder al crecimiento de la demanda eléctrica y a los objetivos de descarbonización.