Asofondos anunció que acudirá a la justicia para demandar el Decreto 0415 de 2026, expedido por el Gobierno, con el que se ordena el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La decisión abre un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y las administradoras de pensiones en medio de la implementación de la reforma pensional.
El gremio que agrupa a las AFP Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia sostiene que la medida es ilegal y que vulnera el derecho de propiedad sobre el ahorro individual de los afiliados. También advierte que el traslado forzoso de estos recursos rompe las reglas bajo las cuales fueron constituidas las cuentas de ahorro pensional y compromete la estabilidad del sistema a largo plazo, según su posición divulgada tras conocerse el decreto.
El decreto establece que los recursos deben ser trasladados a Colpensiones en plazos que van entre 15 y 30 días, dependiendo de la situación del afiliado. El monto total involucraría ahorros de cerca de 100.000 personas que decidieron cambiar de régimen dentro de la llamada ventana de traslado contemplada en la reforma.
En contexto: Gobierno Petro expide decreto que ordena el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones
Una parte significativa de esos recursos, cercana al 70%, está invertida en títulos de deuda pública interna, mientras que el resto corresponde a otros activos financieros que deberían ser liquidados o transferidos. Para Asofondos, esta operación puede generar presiones en el mercado de deuda y afectar el valor de los portafolios de los afiliados si se realiza en un periodo corto de tiempo.
El Gobierno defiende la medida argumentando que busca equilibrar las cuentas del sistema pensional y garantizar que Colpensiones cuente con los recursos necesarios para responder por las obligaciones de los nuevos afiliados que migraron desde el régimen privado. En contraste, el gremio insiste en que los flujos actuales de cotización ya permiten cubrir parte de esas obligaciones sin recurrir al traslado masivo de ahorro acumulado.
La demanda será presentada ante el Consejo de Estado y podría incluir solicitudes de medidas cautelares para suspender la aplicación del decreto mientras se define su legalidad. Con este paso, el debate sobre la reforma pensional entra en una fase judicial que podría impactar tanto el diseño del sistema como la confianza de los afiliados en las reglas del ahorro para la jubilación.
Revista COP 