El presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acordaron relanzar la interconexión eléctrica y avanzar en una red gasífera binacional, con el objetivo de asegurar suministro energético y abrir la puerta a exportaciones conjuntas de gas. El anuncio se hizo el día de ayer en Caracas, durante la III Comisión de Vecindad e Integración.
El acuerdo plantea retomar infraestructuras que ya existieron entre ambos países, como líneas de transmisión eléctrica y gasoductos, para abastecer los mercados internos y, en una segunda fase, vender gas a terceros países. Rodríguez aseguró que la interconexión eléctrica “está a un paso” y que el plan gasífero permitirá no solo enviar gas venezolano a Colombia, sino también construir una oferta exportadora conjunta.
Aunque no se revelaron montos de inversión ni cronogramas, los equipos técnicos de ambos gobiernos serán los encargados de estructurar los proyectos. La iniciativa parte de una base existente, lo que podría reducir costos y tiempos, aunque dependerá de la recuperación de infraestructura deteriorada, especialmente en el sistema eléctrico venezolano.
El trasfondo económico es claro. Antes del cierre de la frontera, el comercio bilateral alcanzaba unos 7.000 millones de dólares anuales, según cifras oficiales venezolanas. Tras la ruptura de relaciones cayó a entre 50 y 70 millones, y en 2025 se recuperó a cerca de 1.200 millones. La integración energética se presenta como una palanca para acelerar esa recuperación y ampliar el intercambio.
Para Colombia, el acceso a gas venezolano puede funcionar como respaldo ante riesgos de déficit energético proyectados hacia 2027, en medio de retrasos en proyectos renovables y de transmisión. Para Venezuela, exportar gas y restablecer su red eléctrica representa una fuente potencial de divisas y una vía para atraer inversión en un sistema afectado por años de desinversión y sanciones.
El acuerdo energético se conecta además con una estrategia más amplia. Ambos gobiernos pactaron coordinar acciones contra economías ilegales en la frontera de más de 2.200 kilómetros, incluyendo narcotráfico, contrabando de combustibles y minería ilegal. El plan contempla intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas, aunque sin detalles operativos públicos
En paralelo, los países buscan avanzar en sustitución de importaciones, priorizando el comercio bilateral de bienes que hoy compran a terceros mercados. La apuesta es reducir costos logísticos y reactivar sectores productivos en la frontera, una zona donde la economía informal y las actividades ilegales han ganado terreno.
Petro ha insistido en que la integración debe alinearse con una transición energética hacia fuentes más limpias, aunque los acuerdos actuales se centran en gas y electricidad convencional. Días antes del encuentro, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, afirmó que Venezuela vuelve a ser un actor clave en la ecuación energética regional.
Aún quedan preguntas abiertas. No se conocen los contratos específicos, las tarifas de transporte ni los esquemas de financiación. Tampoco está claro cómo influirán las sanciones internacionales sobre Venezuela en la ejecución de los proyectos ni qué rol jugarán empresas privadas.
El avance de la integración dependerá de la estabilidad política en Venezuela, de la capacidad técnica de ambos países y de las condiciones de seguridad en la frontera, donde se concentrará buena parte de la infraestructura. Por ahora, el acuerdo marca un giro hacia una mayor interdependencia energética en la región.
Revista COP 