El Gobierno de Gustavo Petro analiza una posible fusión entre Famisanar y Nueva EPS como respuesta a la crisis financiera y operativa del sistema de salud en Colombia. La iniciativa, que ya fue confirmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, busca reorganizar dos de las aseguradoras más grandes del país en medio de crecientes problemas de liquidez, acumulación de deudas y deterioro en la atención a los usuarios.
Según el Ministerio de Salud, la propuesta surge de una solicitud presentada por Famisanar, que comparte estructura societaria con Nueva EPS a través de las cajas de compensación Cafam y Colsubsidio. El plan ya fue radicado ante el Ministerio de Hacienda, que deberá evaluar su viabilidad técnica, financiera y fiscal antes de que avance cualquier decisión. De concretarse, la integración reuniría cerca de 14 millones de afiliados, lo que convertiría a la nueva entidad en el mayor asegurador del sistema.

La discusión se da en un momento crítico para Nueva EPS, que acumula pasivos estimados entre 21 y 26 billones de pesos y un aumento sostenido en facturas sin procesar, que han presionado la operación de clínicas y hospitales. A esto se suma una intervención estatal que no ha logrado estabilizar sus indicadores financieros y que ha coincidido con un incremento de reclamos por demoras en citas, entrega de medicamentos y acceso a servicios especializados.
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En el caso de Famisanar, la intervención iniciada en 2023 tampoco ha revertido las dificultades estructurales. La EPS ha registrado decenas de miles de quejas anuales por fallas en la atención y dificultades en la prestación de servicios, lo que ha mantenido la presión sobre la Superintendencia Nacional de Salud y ha llevado a prolongar la medida de control. La empresa administra cerca de tres millones de afiliados, lo que la convierte en un actor relevante dentro del sistema contributivo.

El Gobierno complementa la propuesta de fusión con un plan de capitalización para Nueva EPS superior a 2 billones de pesos, además de mecanismos de crédito y saneamiento de deudas con la red hospitalaria. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aún no ha emitido un concepto definitivo sobre la operación ni sobre el impacto que tendría en las finanzas públicas.
La eventual integración entre ambas EPS se perfila como una de las decisiones más complejas del actual ajuste del sistema de salud, no solo por su tamaño, sino por el nivel de riesgo financiero acumulado y la incertidumbre sobre su capacidad de mejorar la calidad del servicio en el corto plazo.
