El presidente Gustavo Petro elevó la tensión con el Banco de la República al advertir que su Gobierno podría decretar un nuevo aumento del salario mínimo si la autoridad monetaria continúa subiendo las tasas de interés, actualmente en 11,25%. La declaración se produjo ayer durante el Consejo de Ministros, en respuesta al endurecimiento reciente de la política monetaria.
La Junta del Banco aumentó la tasa en 100 puntos básicos en su última reunión de marzo, desde 10,25% hasta 11,25%, tras un ajuste similar a inicios de año. Con ello, acumuló 200 puntos básicos de incremento en 2026 y llevó el costo del dinero a niveles no vistos desde mediados de 2024. La decisión se tomó por mayoría de cuatro votos contra tres y estuvo marcada por la salida anticipada del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien expresó su desacuerdo.
Petro vinculó directamente estas decisiones con la política salarial. Afirmó que, si el Banco insiste en subir tasas, el Ejecutivo responderá con mayores aumentos del salario mínimo para proteger el ingreso de los trabajadores. Según el mandatario, el alza de 2026 no estaría generando inflación y los precios estarían presionados por factores como el costo de la energía.
El salario mínimo vigente fue fijado en 1.750.905 pesos mediante decretos de 2025, un incremento de 23% frente al año anterior, el más alto en décadas. Con el auxilio de transporte de 249.095 pesos, el ingreso total se acerca a 2 millones de pesos, lo que implica un aumento compuesto cercano a 23,78%. Este ajuste superó ampliamente la inflación anual, que se ubica entre 5,5% y 5,7% en marzo y abril, según datos oficiales y estimaciones de analistas.
Desde el Banco de la República, su gerente Leonardo Villar ha sostenido que incrementos del salario mínimo muy por encima de la inflación dificultan la reducción de tasas y el control de precios. En diciembre de 2025 advirtió que aumentos en dos dígitos encarecen el proceso de desinflación y obligan a mantener una política monetaria más restrictiva.
El planteamiento del presidente también enfrenta límites legales. La Ley 278 de 1996 establece que el salario mínimo se fija una vez al año mediante concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores, con base en inflación, productividad y crecimiento económico. La Corte Constitucional, en la sentencia C-815 de 1999, definió que la intervención del Ejecutivo es subsidiaria y solo procede si no hay acuerdo, dentro de ese ciclo anual.
Un eventual aumento extraordinario, ligado a decisiones del Banco, podría ser demandado ante el Consejo de Estado por apartarse de ese procedimiento. Hasta ahora no existe un decreto ni un cronograma oficial para aplicar la medida, y tampoco se conocen estimaciones oficiales sobre su impacto en inflación, empleo o crecimiento.
El pulso entre el Gobierno y el Banco se da en un contexto de inflación por encima de la meta de 3% y una economía que crece con moderación. Mientras el Ejecutivo busca estimular el consumo con mayores ingresos laborales, la autoridad monetaria prioriza contener las presiones inflacionarias. El desenlace de esta tensión definirá el rumbo de las tasas, los salarios y la estabilidad económica en los próximos meses.
Revista COP 