Durante la intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del sistema de salud colombiano elevó su deuda total hasta los 26,09 billones de pesos, un incremento que coincide con el periodo de control ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud.

Las cifras oficiales muestran que el deterioro financiero no se detuvo con la intervención. En ese mismo lapso, las facturas médicas represadas llegaron a 14,9 billones de pesos, mientras que los anticipos girados a hospitales y clínicas superaron los 17 billones, reflejando una creciente presión sobre el flujo de recursos del sistema.

La Nueva EPS es la entidad más grande del sistema de aseguramiento colombiano, con más de 11,5 millones de afiliados. Su tamaño convierte cualquier desajuste financiero en un riesgo sistémico, porque compromete el pago a hospitales, clínicas y proveedores en todo el país. El aumento de la cartera sin depurar y el rezago en la auditoría de cuentas han ampliado la incertidumbre sobre el verdadero nivel de obligaciones.

El origen de la intervención estuvo en problemas previos de solvencia, con déficits de capital, patrimonio y reservas técnicas que ya superaban varios billones de pesos antes de 2024. Sin embargo, durante la medida de control, la acumulación de facturas sin procesar pasó de 5,7 billones a 14,9 billones, lo que refleja un cuello de botella en la gestión administrativa de cuentas médicas.

El crecimiento de los pasivos hasta 26,09 billones representa un aumento cercano al 24% frente a los registros de finales de 2024. Este incremento ha sido asociado a fallas en el procesamiento de cuentas, debilidades en los comités de pago y dificultades para estandarizar la relación contractual con los prestadores de salud.

En paralelo, la entidad ha recurrido de forma creciente a anticipos a hospitales y clínicas para sostener la operación, una práctica que llegó a 17,1 billones de pesos. Aunque estos recursos buscan garantizar continuidad en la atención, su uso sin una legalización completa complica la contabilidad y dificulta el seguimiento real de la deuda.

La Superintendencia Nacional de Salud prorrogó la intervención hasta 2027 y designó un nuevo agente interventor con la tarea de estabilizar la operación y mejorar la atención a los afiliados. Sin embargo, los reportes oficiales advierten que persisten problemas estructurales en la oportunidad de los servicios y en la gestión de reclamaciones, con un aumento sostenido de quejas.

El futuro de la Nueva EPS sigue abierto. La entidad enfrenta simultáneamente presiones financieras, operativas y regulatorias en un sistema de salud donde la suficiencia de recursos y los tiempos de pago siguen en discusión. La falta de depuración completa de la información contable impide aún establecer con precisión el tamaño total del pasivo real y el costo final de la intervención.