La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Colombia Telecomunicaciones, Movistar, con una multa de 4.679 millones de pesos por obstaculizar el derecho de los usuarios a cambiar de operador. La decisión, contenida en la Resolución 26355 del 15 de abril de 2026, concluye que la empresa incumplió reglas clave del sistema de portabilidad numérica, un mecanismo diseñado para facilitar la competencia en el mercado móvil.

La investigación, adelantada por la Dirección de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, determinó que Movistar falló en la entrega del NIP, el código que confirma la intención del usuario de cambiar de operador. Según la entidad, en múltiples casos el código no se envió a tiempo o simplemente no se entregó, lo que impidió completar el proceso de portación.

Además, la Superintendencia encontró que la compañía realizó acciones comerciales de retención antes de enviar el NIP. Esto incluye mensajes con ofertas para evitar la salida del cliente, una práctica prohibida en esa etapa del proceso porque rompe la neutralidad que exige la regulación.

La SIC explicó que el NIP funciona como una llave que habilita el traslado de la línea entre operadores y debe ser entregado dentro de plazos estrictos. No cumplir esos tiempos o retener el código constituye una barrera injustificada al derecho del usuario a elegir libremente su proveedor.

La multa supera ampliamente sanciones previas impuestas a Movistar. Entre 2023 y 2024, la empresa recibió sanciones entre 626 millones y 718 millones de pesos por conductas similares, además de otra de 670 millones por uso indebido de datos personales. El aumento en la cuantía refleja, según la autoridad, la gravedad de la reincidencia y el incumplimiento de órdenes administrativas previas.

Antes de esta decisión, la Superintendencia había ordenado a la empresa ajustar sus procesos para evitar estas fallas. Sin embargo, Movistar no presentó evidencia suficiente de haber corregido las irregularidades, lo que fue considerado un agravante en la sanción.

El caso se suma a una serie de actuaciones del regulador contra operadores móviles. En diciembre de 2025, Claro fue sancionado con más de 2.013 millones de pesos por bloquear solicitudes de portabilidad con argumentos no demostrados. Estas decisiones muestran un patrón de vigilancia más estricta sobre prácticas que limitan la movilidad de usuarios.

La portabilidad numérica es un pilar del mercado de telecomunicaciones en Colombia desde hace más de una década. Permite a los usuarios cambiar de operador sin perder su número, lo que reduce los costos de cambio y obliga a las empresas a competir en precio y calidad. Cuando un operador introduce trabas en este proceso, disminuye esa presión competitiva.

Contra la sanción proceden recursos de reposición y apelación, que Movistar puede interponer ante la misma entidad. Hasta ahora la compañía no ha publicado una posición oficial sobre esta decisión ni ha detallado si apelará.

La Superintendencia no precisó cuántos usuarios fueron afectados, un dato clave para medir el impacto real de las fallas detectadas. Mientras tanto, el caso envía una señal clara al sector sobre el costo de obstaculizar la libre elección de los consumidores.