El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los alcaldes de ciudades capitales escaló esta semana luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre posibles destituciones y acciones judiciales contra mandatarios locales en medio de la crisis por el aumento del impuesto predial. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, respondió con un comunicado en el que rechaza lo que considera una presión indebida sobre autoridades elegidas popularmente y advierte un deterioro en la relación institucional.
El origen del conflicto está en las advertencias del jefe de Estado, quien aseguró que los alcaldes que no impulsen medidas para reducir el impacto del avalúo catastral sobre campesinos y población vulnerable podrían ser retirados de sus cargos. Petro también afirmó que, en caso de persistir el incumplimiento de sus orientaciones, podrían abrirse procesos judiciales, en un contexto marcado por protestas y bloqueos en distintas regiones del país.
Asocapitales sostuvo que estas afirmaciones desconocen la autonomía de los entes territoriales y alteran el marco constitucional que regula la elección y permanencia de los mandatarios locales. El gremio señaló que los alcaldes no pueden ser objeto de amenazas de remoción por decisiones relacionadas con política tributaria, ya que su permanencia en el cargo está sujeta exclusivamente a los procedimientos definidos por la Constitución y la ley.
En su pronunciamiento, la organización también advirtió que este tipo de mensajes genera incertidumbre institucional en un momento en el que las ciudades enfrentan presiones fiscales derivadas de la actualización catastral. Según el gremio, la discusión sobre el impuesto predial debe darse en el marco del respeto a la autonomía territorial y sin presiones que puedan interpretarse como coerción política desde el nivel central.
La Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios se sumaron a las críticas. Ambas entidades defendieron la legitimidad de los mandatarios locales y recordaron que cualquier decisión sobre su salida del cargo debe seguir los canales judiciales y disciplinarios establecidos. Además, insistieron en que los incrementos del predial responden a la implementación del catastro multipropósito, una política incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.
El debate se desarrolla en paralelo a las protestas campesinas que han surgido en varias zonas del país, especialmente en departamentos como Santander, Boyacá y Norte de Santander, donde la actualización de avalúos ha generado incrementos significativos en el impuesto predial. Estas movilizaciones han provocado bloqueos y tensiones logísticas, lo que ha intensificado el debate político entre el Gobierno y los gobiernos locales sobre la responsabilidad en la gestión del tributo.
En medio de este escenario, el choque institucional abre un nuevo capítulo en la relación entre la Casa de Nariño y los alcaldes de capitales, con un trasfondo que combina presión social, ajustes fiscales y tensiones sobre la autonomía territorial.
Revista COP 