El gobierno de Gustavo Petro anunció cambios clave en los subsidios para mejoramiento de vivienda en Colombia, con un aumento del monto máximo hasta 22 salarios mínimos mensuales, equivalentes a cerca de 38,5 millones de pesos según el valor vigente del salario mínimo. La medida, adoptada a través de resoluciones del Ministerio de Vivienda, redefine quiénes pueden acceder, cuánto pueden recibir y en qué condiciones se entregan estos apoyos.

El ajuste se centra en hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponden a pobreza extrema y moderada, y en algunos casos incluye al grupo C. La política prioriza familias que ya tienen vivienda propia pero en condiciones deficientes, lo que técnicamente se conoce como déficit cualitativo, es decir, casas que requieren mejoras en techos, pisos, baños, cocinas o redes internas para alcanzar estándares dignos.

Con estas nuevas reglas, los subsidios podrán ir desde 4 hasta 22 salarios mínimos. El aumento responde en parte al alza del salario mínimo, que elevó automáticamente los montos atados a esta referencia. Según cifras oficiales del Ministerio, en los últimos tres años se han invertido más de 8,9 billones de pesos en soluciones habitacionales y se han asignado 232.789 subsidios, beneficiando a más de 900.000 personas.

Además del incremento en los montos, el Gobierno ajustó los topes del valor de la vivienda de interés social, que ahora se ubican entre 190 y 210 millones de pesos, dependiendo de la zona. Este límite busca evitar que los recursos se destinen a inmuebles de mayor valor y concentrarlos en hogares de ingresos bajos y medios bajos.

Las nuevas condiciones también exigen que los beneficiarios habiten la vivienda que será intervenida, no hayan recibido subsidios en los últimos diez años y que el inmueble no tenga conflictos legales de propiedad. Las alcaldías, cajas de compensación y otras entidades ejecutoras deberán verificar en terreno el estado de las viviendas antes de asignar los recursos.

El cambio marca una reorientación de la política de vivienda en Colombia. Durante décadas, el énfasis estuvo en subsidios para comprar vivienda nueva. Ahora, el Ejecutivo busca dirigir más recursos al mejoramiento de viviendas existentes. El propio presidente Petro ha señalado que este tipo de intervenciones representa cerca del 80% del déficit habitacional del país, lo que explica el giro hacia subsidios directos sin necesidad de crédito hipotecario.

Sin embargo, esta transición no está exenta de críticas. Sectores del mercado han advertido que la reducción del énfasis en vivienda nueva ha dificultado procesos de compra para algunos hogares y ha afectado el modelo tradicional de financiación del sector constructor.

Aún quedan preguntas abiertas sobre el alcance real de la medida. El Gobierno no ha precisado cuántos hogares accederán a subsidios del máximo nivel ni cómo se distribuirán los recursos entre zonas urbanas y rurales. Tampoco se ha detallado el impacto fiscal de mantener estos montos en el tiempo, en un contexto de presión sobre el gasto público.

Lo cierto es que la apuesta oficial redefine el uso de los subsidios de vivienda en Colombia y traslada el foco hacia intervenciones más pequeñas, pero potencialmente más rápidas, sobre viviendas ya existentes.