Lili Pink aseguró que no existe ninguna decisión judicial en firme que confirme los señalamientos por contrabando y lavado de activos, pese al megaoperativo realizado por la Fiscalía General de la Nación a finales de abril. La empresa subrayó que el caso se mantiene en etapa de investigación penal y de extinción de dominio, por lo que no se ha establecido responsabilidad alguna.

El pronunciamiento se conoció el día de hoy mediante un comunicado firmado por su abogado, Iván Cancino, en el que la compañía insiste en que los hechos divulgados por las autoridades corresponden a hipótesis que deberán probarse en juicio. “No existe una declaratoria judicial que los confirme”, indicó la defensa, que pidió evitar conclusiones anticipadas.

El caso tomó relevancia el 27 de abril, cuando la Fiscalía, a través del CTI, ejecutó un operativo en más de 300 locales de la marca en 59 municipios. En paralelo, inició un proceso de extinción de dominio sobre 405 tiendas, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, bienes valorados en más de 54.000 millones de pesos según la Fiscalía y la SAE.

En contexto: Fiscalía despliega operativo para intervenir 300 tiendas de Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos

Las autoridades sostienen que la investigación incluye un presunto lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, un posible enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y contrabando de textiles que superaría los 75.000 millones. Estas cifras provienen de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales y se apoyan en hallazgos de la DIAN, incluidos sistemas de monitoreo como “Ojo de la DIAN”.

Frente a esos montos, la empresa señaló que existen inconsistencias entre las cifras oficiales y los valores reales de las actuaciones administrativas. Afirmó que todas sus mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos de aranceles debidamente soportados ante la DIAN, y que cualquier diferencia será discutida ante la justicia.

Mientras avanza el proceso, la Sociedad de Activos Especiales asumió la administración de los bienes incautados. La entidad evalúa mantener en operación los puntos de venta para preservar los ingresos de más de 3.000 empleados directos que dependen de la compañía, una de las cadenas de ropa interior con mayor presencia en el país.

La investigación se remonta al menos a 2022, cuando la DIAN detectó irregularidades en operaciones de comercio exterior tras una solicitud de devolución de IVA presentada por la empresa. Desde entonces, las autoridades han seguido la trazabilidad de importaciones y movimientos financieros que hoy sustentan el expediente.

Por ahora, no hay imputaciones formalizadas contra personas naturales ni acusaciones presentadas ante un juez. El desenlace dependerá de la solidez de las pruebas y de las decisiones judiciales que definan si las hipótesis de la Fiscalía se convierten en condenas o quedan sin sustento. Mientras tanto, la compañía insiste en que la presunción de inocencia debe prevalecer.