El impuesto extraordinario al patrimonio creado por el Gobierno de Gustavo Petro para financiar la emergencia económica por la ola invernal no está cumpliendo la meta de recaudo establecida. La cifra proyectada por el Ejecutivo era de 8 billones de pesos, pero los primeros resultados muestran una brecha significativa que pone en duda la capacidad de financiamiento del plan.
La primera cuota del tributo, que debía aportar cerca de la mitad del objetivo total, dejó 2,4 billones de pesos, según cifras divulgadas por exdirectivos de la DIAN. El Gobierno esperaba entre 4 y 4,15 billones en esta etapa inicial, lo que implica un faltante cercano a 1,7 billones de pesos solo en el primer pago.
El calendario del impuesto fija este lunes como fecha límite para la segunda cuota, con la que el Ejecutivo buscaba completar los 8 billones previstos para atender los daños de la emergencia invernal en ocho departamentos del país. Sin embargo, incluso si el grueso de las empresas obligadas cumple con el pago, la diferencia acumulada hace difícil alcanzar el objetivo inicial.
El tributo fue creado bajo el Decreto 0173 de 2026, en el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno para enfrentar los efectos de las lluvias e inundaciones en regiones como Córdoba, La Guajira, Antioquia y Chocó. El impuesto grava a las personas jurídicas con patrimonios superiores a 200.000 UVT, equivalentes a unos 10.474 millones de pesos, con una tarifa general de 0,5%, que aumenta para sectores como banca, aseguradoras y extractivas.
La Corte Constitucional intervino de manera parcial en el proceso y suspendió temporalmente el cobro de la segunda cuota para universidades, entidades sin ánimo de lucro y empresas en liquidación, mientras estudia la legalidad del decreto. Aunque el alcance de esta decisión es limitado en términos de recaudo total, introduce mayor incertidumbre sobre el flujo esperado de ingresos.
Por sectores, el mayor aporte en la primera cuota provino de actividades financieras, inmobiliarias y de seguros con cerca de1,1 billones de pesos. Comercio, transporte y alojamiento sumaron más de 368.000 millones, mientras que la industria manufacturera aportó cerca de 237.000 millones. En contraste, el sector de educación, salud y administración pública tuvo una participación marginal dentro del recaudo total.
El faltante frente a la meta inicial abre un vacío fiscal en un momento en el que el Gobierno enfrenta presiones de gasto por la atención de la emergencia y compromisos de inversión pública. Con un recaudo por debajo de lo esperado, el Ejecutivo podría verse obligado a recurrir a mayor endeudamiento o a reprogramar parte de sus prioridades de gasto.
De fondo, el resultado reaviva el debate sobre el diseño del impuesto, la capacidad real de las empresas para asumirlo y la precisión de las proyecciones oficiales en un contexto de alta presión fiscal y desaceleración económica.
Revista COP 