El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el traslado acelerado de cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, una operación prevista en el Decreto 415 de 2026 que ordenaba mover esos recursos en un plazo de entre 20 y 30 días. La decisión frena la ejecución inmediata de una de las medidas centrales del proceso de implementación de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.
La medida cautelar detiene el giro de los recursos mientras el alto tribunal estudia de fondo una demanda que cuestiona la legalidad del decreto. El caso gira en torno a si el Ejecutivo excedió su facultad reglamentaria al modificar el momento en que, según la Ley 2381 de 2024, deben trasladarse los ahorros pensionales entre el régimen privado y el público.
El decreto suspendido contemplaba el traslado de los recursos de cerca de 120.000 afiliados que optaron por cambiar de régimen, con un esquema de pagos acelerados que incluía un primer giro del 50% en 20 días hábiles y el resto en los 10 días siguientes. En total, el proceso implicaba movilizar recursos estimados en 25 billones de pesos.
En contexto: Gobierno Petro expide decreto que ordena el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones
La decisión judicial se da dentro de una demanda que advierte que el Gobierno habría alterado el diseño legal al ordenar un traslado anticipado de los ahorros, lo que podría afectar la estabilidad del sistema financiero y la administración de los portafolios de inversión de las AFP.
El Consejo de Estado señaló además que existe un riesgo de que la medida genere efectos irreversibles si los recursos se trasladan antes de un fallo de fondo, lo que haría ineficaz una eventual decisión posterior de nulidad. Con esto, justificó la necesidad de congelar el proceso mientras se define la legalidad del decreto.
Con la suspensión, los recursos permanecen por ahora en los fondos privados administrados por las AFP y no podrán ser transferidos a Colpensiones hasta que el Consejo de Estado tome una decisión definitiva sobre la validez del decreto. El fallo de fondo definirá si la medida del Gobierno se mantiene o si deberá ser retirada del ordenamiento jurídico.
Revista COP 