Las cuatro administradoras de fondos de pensiones privadas en Colombia, Skandia, Colfondos, Protección y Porvenir, presentaron ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 0415 de 2026 y solicitaron una medida cautelar de urgencia para frenar de forma provisional el traslado de cerca de 25 billones de pesos hacia Colpensiones.

El eje del conflicto es la orden del Gobierno de ejecutar el traslado de recursos en un plazo máximo que se activa entre mayo y junio, como parte de la implementación del artículo 76 de la reforma pensional. La medida cobija el ahorro de aproximadamente 120.000 afiliados que se cambiaron del régimen privado al público durante la ventana de traslado habilitada por la ley.

Las AFP argumentan que la ejecución inmediata del decreto antes de un fallo de fondo puede generar impactos irreversibles sobre los portafolios de inversión, al obligar la venta acelerada de activos en condiciones de mercado desfavorables. También sostienen que el Gobierno excedió su facultad reglamentaria al ordenar el movimiento de recursos antes del reconocimiento efectivo de la pensión de cada afiliado.

En su solicitud, las administradoras piden que el Consejo de Estado suspenda de manera inmediata los efectos del decreto mientras se estudia su legalidad, con el fin de evitar lo que califican como un daño estructural al sistema de ahorro individual y a la estabilidad de los fondos.

El decreto fue expedido por los ministerios de Trabajo y Hacienda y establece un cronograma específico. Cerca de 5 billones de pesos deben trasladarse el 14 de mayo y el resto, alrededor de 15 billones, antes del 5 de junio. Ese calendario ha acelerado la disputa jurídica y ha abierto un frente de incertidumbre sobre la implementación de la reforma pensional.

En contexto: Gobierno Petro expide decreto que ordena el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones

El caso ya está acompañado por otras demandas en el Consejo de Estado, lo que aumenta la presión sobre la interpretación del artículo 76 y sobre el alcance real de la reforma en materia de movilidad de recursos entre regímenes.

El Gobierno sostiene que los recursos corresponden a afiliados que ya se trasladaron a Colpensiones y que deben respaldar el pago de sus futuras pensiones. Las AFP, en cambio, insisten en que el dinero sigue siendo ahorro individual hasta el momento del reconocimiento pensional y no puede ser movido de forma anticipada.

El conflicto concentra uno de los puntos más sensibles del sistema pensional colombiano, al poner en tensión la administración de cerca de 25 billones de pesos y su impacto en el mercado de capitales, la liquidez de los fondos privados y la sostenibilidad financiera del régimen público.