El Ministerio de Salud puso en consulta un proyecto de resolución que redefine de manera profunda el etiquetado frontal de los alimentos envasados en Colombia. La iniciativa plantea una transformación del sistema vigente y abre la puerta a nuevas advertencias visibles en los empaques, en un movimiento que el Gobierno justifica como una medida de salud pública orientada a reducir el consumo de productos asociados a enfermedades crónicas.

El borrador propone derogar las resoluciones 810 de 2021, 2492 de 2022 y 254 de 2023, que hoy regulan los sellos octagonales de advertencia por exceso de nutrientes críticos. Aunque se mantienen esos octágonos, el nuevo esquema introduce ajustes en su presentación y ubicación, al tiempo que consolida un reglamento único para el etiquetado nutricional y frontal en el país.

El cambio más sensible es la creación de una advertencia específica para productos ultraprocesados. Según el proyecto del Ministerio de Salud, un alimento entraría en esta categoría si contiene al menos un ingrediente ultraprocesado o aditivos como saborizantes, colorantes o emulsionantes. En esos casos, el empaque deberá incluir un sello adicional que identifique esta condición, incluso si el producto no supera los límites de azúcar, sodio o grasas establecidos en la norma actual.

La propuesta también incorpora los llamados microsellos para empaques de tamaño reducido, donde los octágonos tradicionales no pueden aplicarse por limitaciones de espacio. El documento, además, prohíbe sustituir estas advertencias por códigos QR u otros sistemas digitales, lo que marca una diferencia frente a estándares internacionales que permiten el uso de información ampliada en formatos tecnológicos.

Desde el sector industrial, la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI advirtió que el proyecto implica cambios de fondo que llegan poco tiempo después de la última actualización normativa. El gremio señala riesgos técnicos y económicos, especialmente por la obligación de rediseñar empaques en un plazo de transición que el borrador fija en seis meses, periodo que consideran insuficiente para una implementación ordenada.

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El Ministerio de Salud sostiene que la reforma busca reforzar el derecho del consumidor a una información clara y visible sobre los riesgos de ciertos productos. El proyecto se apoya en datos oficiales que indican que más de la mitad de la población consume alimentos procesados y que más del 56% presenta exceso de peso, cifras que el Gobierno utiliza como argumento para endurecer las advertencias en los empaques.

El proceso aún no es definitivo. La resolución está en fase de consulta pública y puede recibir ajustes antes de su expedición final. Sin embargo, el alcance de los cambios ya abre un nuevo frente de discusión entre el Gobierno, la industria y los actores de salud pública sobre cómo debe comunicarse el riesgo alimentario en los productos que llegan diariamente al mercado colombiano.