El número de tutelas interpuestas para proteger el derecho a la salud en Colombia creció cerca de 18% en 2025 frente al año anterior, según la Defensoría del Pueblo. El reporte indica que los casos pasaron de poco más de 265.000 en 2024 a alrededor de 312.500 en 2025, lo que representa unas 47.500 acciones adicionales en solo un año. Con este comportamiento, las reclamaciones por salud ya concentran cerca del 34% del total de tutelas en el país, consolidándose como la principal vía judicial para exigir derechos fundamentales.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que este incremento refleja fallas estructurales en el sistema de salud colombiano, especialmente en la capacidad de respuesta oportuna a los pacientes. Según el organismo, la judicialización se ha convertido en una herramienta recurrente para acceder a servicios, medicamentos y procedimientos que no se garantizan dentro de los tiempos esperados por los usuarios, lo que traslada al sistema judicial decisiones que deberían resolverse en la atención médica ordinaria.
Las cifras también muestran un alto nivel de efectividad de estas acciones. Datos de la Corte Constitucional indican que en cerca del 74,3% de los casos los jueces fallan a favor del ciudadano, lo que sugiere que en la mayoría de los expedientes se confirma una vulneración del derecho a la salud. Entre 2021 y 2024, las tutelas en este campo pasaron de 87.621 a 219.249, un crecimiento acumulado de 150%, lo que refuerza la presión sostenida sobre el sistema judicial y sanitario.
En términos clínicos, las enfermedades del sistema circulatorio lideran las reclamaciones con 12,2%, seguidas por afecciones osteomusculares, neurológicas y trastornos endocrinos. La hipertensión arterial aparece como el diagnóstico más frecuente, mientras que los trastornos mentales y las enfermedades de alta complejidad como cáncer o epilepsia severa tienen una participación creciente. Estos casos suelen implicar mayores costos y barreras de acceso, lo que amplifica la presión sobre aseguradores y prestadores.
El fenómeno no es homogéneo en el territorio. Ciudades como Medellín concentran miles de casos, mientras que departamentos como Vichada, La Guajira y Chocó registran tasas más bajas, lo que organizaciones como Dejusticia asocian a desigualdades en el acceso a la salud y a la justicia. Esta brecha sugiere que la menor judicialización en zonas apartadas no necesariamente refleja mejor atención, sino mayores obstáculos para reclamar derechos.
La defensora del Pueblo reiteró que la tutela sigue siendo una herramienta clave para la protección del derecho a la salud, pero advirtió que su uso masivo evidencia debilidades del sistema. También indicó que un sistema que depende de la judicialización para responder a necesidades básicas revela problemas de oportunidad, financiamiento y gestión que deben ser corregidos.
El incremento de tutelas se produce en medio de tensiones financieras en el sistema de salud colombiano, con presiones sobre el flujo de recursos entre EPS, IPS y el Estado. Aunque el debate sobre una reforma estructural sigue abierto, aún no se conocen medidas concretas que permitan reducir de forma sostenida la dependencia de la acción de tutela como puerta de entrada al acceso a servicios médicos.
Revista COP 