El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, envió una carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, en la que declina participar en un foro del Gobierno y responde a los cuestionamientos sobre la legitimidad de la Junta Directiva y sus decisiones. El documento, fechado el 17 de abril de 2026 en Bogotá, se conoce en la antesala del evento “La política monetaria en un contexto progresista”, convocado para hoy, y profundiza el choque institucional entre el banco central y el Ejecutivo.

En la carta, firmada en representación de los codirectores, Villar sostiene que no es oportuno asistir al evento por el ambiente electoral y por los “ataques injustificados” contra la Junta. El gerente defiende que la autonomía del banco central, establecida en la Constitución de 1991 y la Ley 31 de 1992, permite que sus miembros tomen decisiones técnicas incluso cuando difieren del Gobierno. Según el propio Villar, esa capacidad de disentir es precisamente la base de la independencia del Emisor.

El funcionario también responde a las acusaciones del ministro, quien ha sugerido que las decisiones del Banco favorecen a los banqueros y que algunos miembros de la Junta carecen de legitimidad. Villar califica esas afirmaciones como infundadas y contrarias a la verdad, y advierte que este tipo de señalamientos dificulta el diálogo entre las autoridades económicas. Recuerda que el mandato principal del banco es preservar el poder adquisitivo de la moneda, es decir, controlar la inflación.

Desde el punto de vista técnico, Villar explica que reducir las tasas de interés de forma acelerada puede generar un alivio inmediato en el crédito, pero también presiones inflacionarias en un horizonte de 12 a 18 meses. Ese escenario, según el Banco, terminaría afectando el crecimiento y el empleo, lo que justifica una reducción gradual del costo del dinero. Esta postura coincide con la estrategia adoptada tras uno de los ciclos de alzas más pronunciados en la historia reciente del país para frenar el aumento de precios.

La carta también introduce un punto institucional sensible. Villar recuerda que la ley obliga al ministro de Hacienda a asistir a las reuniones de la Junta Directiva, que se realizan al menos una vez al mes y son clave para definir la política monetaria. La advertencia surge luego de que Ávila anunciara que no participaría en futuras sesiones, lo que, de mantenerse, podría afectar la capacidad del Banco para deliberar y tomar decisiones.

El trasfondo de esta controversia es la diferencia de prioridades entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el banco central. Mientras el Ejecutivo ha insistido en acelerar la reducción de tasas para impulsar el crecimiento y el empleo, el Emisor mantiene su enfoque en asegurar que la inflación converja de forma sostenida a la meta. La tensión no es nueva, pero la carta de Villar la lleva a un nivel más explícito al cuestionar directamente las declaraciones del ministro y al rechazar participar en un espacio de debate promovido por el propio Gobierno.

Hasta el momento no se conoce una respuesta oficial detallada del Ministerio de Hacienda al contenido de la carta. Tampoco hay claridad sobre si el ministro mantendrá su decisión de ausentarse de la Junta ni sobre posibles cambios en el foro previsto. El episodio deja abierta una pregunta clave para los mercados y los agentes económicos, si se trata de un choque puntual o del inicio de una presión más amplia sobre la autonomía del banco central en Colombia.