El paro campesino en Santander llegó a su fin tras seis días de bloqueos en vías clave, luego de que la Gobernación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y voceros de las protestas firmaran un acuerdo para revisar los avalúos catastrales rurales que dispararon el impuesto predial en varias zonas del departamento.
El gobernador Juvenal Díaz Mateus confirmó que el entendimiento permite desmontar progresivamente los bloqueos, que afectaron corredores estratégicos como la vía Bucaramanga–Lebrija–Barrancabermeja y accesos al aeropuerto Palo Negro. Los manifestantes empezaron a despejar puntos críticos como el peaje de Lebrija desde la tarde del martes.
El núcleo del acuerdo es la revisión técnica, caso por caso, de los avalúos en municipios donde se detectaron incrementos desproporcionados. Según la Gobernación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi autorizó a sus direcciones regionales a corregir valores que no reflejen las condiciones reales del mercado, mediante mesas técnicas con participación de autoridades locales y voceros campesinos.
El ajuste comenzará en 16 municipios priorizados y se extenderá a otros territorios con reclamaciones. El proceso tendrá un plazo aproximado de 15 días, con dos representantes campesinos por municipio en las mesas de revisión. La meta es recalibrar avalúos que en algunos casos se multiplicaron hasta diez veces tras la actualización catastral.
Un ejemplo citado por el gobernador ilustra el alcance del problema. Un predio en Lebrija pasó de un avalúo de 200 millones a 2.200 millones de pesos, un salto de 1.000%. Tras la revisión técnica, el valor se ajustó a un rango entre 700 y 800 millones, más cercano al precio de mercado y aceptado por el propietario.
El impacto económico del paro fue alto. Gremios regionales estimaron pérdidas por cerca de 720.000 millones de pesos durante los días de bloqueos, con afectaciones en comercio, transporte y logística. Algunos sectores reportaron pérdidas diarias de hasta 120.000 millones, según datos difundidos por medios locales.
El conflicto se originó tras la aplicación de la Resolución 2057 de 2025, que actualizó masivamente los avalúos rurales en el país. Aunque el objetivo era acercar el catastro al valor comercial de los predios, en la práctica muchos propietarios enfrentaron aumentos del predial de hasta 500%, según denuncias recogidas en distintas regiones.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, acompañó la firma del acuerdo y aseguró que el modelo de revisión municipio por municipio será llevado a la mesa nacional de diálogo instalada en Bogotá. El Gobierno busca replicar este esquema en departamentos donde persisten protestas por el mismo motivo.
El caso de Santander deja en evidencia un problema estructural. La actualización catastral avanzó sin una reforma integral del impuesto predial que amortigüe los aumentos, lo que generó un choque inmediato en la carga tributaria de los propietarios rurales. Por ahora, la solución pasa por corregir los avalúos más altos mientras se discuten cambios de fondo a nivel nacional.
Aunque los bloqueos se levantaron, el resultado final dependerá de la rapidez y efectividad de las revisiones. Aún no está claro cuántos predios serán ajustados ni cómo impactará esto el recaudo de los municipios, que dependen del predial como una de sus principales fuentes de ingresos.
Revista COP 