El Gobierno presentó un paquete de 20 acciones para enfrentar la presión creciente sobre el mercado del gas natural y asegurar el abastecimiento en 2026, un año en el que el déficit podría ubicarse entre el 5 % y el 12 %, según las proyecciones oficiales del gestor del mercado. La estrategia combina controles de precios, regulación del abastecimiento, ajustes en transporte e incentivos para acelerar la transición energética.

El anuncio llega en un momento crítico para el sector. Durante la última década, la dependencia de gas importado ha aumentado y la oferta local enfrenta restricciones por menores niveles de producción, retrasos en nuevos proyectos y presiones en infraestructura. La CREG, a través del comisionado Orlando Velandia, advirtió que el país deberá actuar con celeridad para evitar episodios de desabastecimiento durante los trimestres de mayor demanda en 2026.

Según Velandia, la proyección del gestor del mercado evidencia un margen de estrechez que podría intensificarse si no se incorporan nuevas fuentes de gas o si se presentan interrupciones en la operación. “En el peor escenario, alguno de los trimestres del año entrante podría registrar un déficit entre el 5 % y el 12 % si no entra nueva oferta”, explicó.

Las alertas sobre el déficit se suman a episodios recientes de presión al alza en los precios mayoristas, especialmente en el mercado secundario, donde la intermediación y las reventas han generado preocupación entre los agentes y los reguladores. En este contexto, el Ministerio de Minas y Energía enfatizó que el objetivo principal de la intervención es evitar abusos, estabilizar las tarifas y garantizar continuidad en el servicio.

“El gas no va a faltar, y tampoco vamos a permitir abusos en su precio”, afirmó el ministro Edwin Palma, quien destacó que las 20 medidas se enfocan en proteger el bolsillo de los usuarios, evitar la especulación y asegurar un suministro estable mientras avanza la transición energética.

Ejes de la intervención: precio, oferta y regulación

Las acciones anunciadas se agrupan en cuatro frentes estratégicos que buscan responder tanto a los riesgos de corto plazo como a los desafíos estructurales del mercado.

1. Control de precios y freno a la especulación
Incluye un decreto para limitar la intermediación en el mercado secundario, reglas transitorias para el gas interrumpible, monitoreo conjunto con la SIC y Superservicios, optimización del uso de la planta de regasificación y lineamientos para asegurar que los productores presenten sus ofertas a tiempo.
Este bloque apunta a estabilizar los precios mayoristas y contener movimientos especulativos que han generado volatilidad en meses recientes.

2. Regulación y gestión del abastecimiento
Habrá reportes mensuales de producción, auditorías de reservas, regulación integral del servicio de regasificación de gas importado, reglas para intercambios operativos (SWAP), remuneración a oleoductos que puedan operar temporalmente como gasoductos y habilitación del tramo Coveñas–Ayacucho para entrada de nuevos proyectos.
Estas acciones buscan ampliar la flexibilidad del sistema y evitar interrupciones en la operación.

3. Política pública y planificación energética
El Gobierno fortalecerá el rol del gestor del mercado, reducirá costos de transporte con nuevos esquemas, impulsará la estrategia 200 GBTU para respaldar proyectos de regasificación —incluidos los terminales de Coveñas y Ballenas previstos para 2026— y acelerará trámites sectoriales.
También se actualizará el Plan de Abastecimiento de Gas Natural y se evaluará la inclusión de proyectos de regasificación dentro del programa PROURE para facilitar beneficios tributarios.

4. Transición y sustitución energética
Se creará una línea de crédito destinada a empresas que inicien procesos de sustitución energética, además de un informe oficial que presentará alternativas para reducir la dependencia del gas natural en sectores productivos.

Proyecciones para 2026 y retos sectoriales

Con este paquete de medidas, el Gobierno y la CREG buscan mitigar el riesgo de escasez durante los trimestres críticos de 2026, mientras la oferta nacional comienza a recuperarse con nuevos desarrollos y mayores flujos de gas importado. Sin embargo, el impacto final dependerá de la velocidad con la que avance la infraestructura de regasificación, la disponibilidad de transporte y el cumplimiento de cronogramas por parte de los productores.

El mercado energético colombiano deberá enfrentar, además, el desafío estructural de equilibrar el abastecimiento con los objetivos de transición energética, en un entorno donde la demanda industrial y residencial sigue siendo altamente dependiente del gas natural.

El ministro Palma reiteró que la intervención combina una visión de corto plazo —para evitar sobrecostos y desabastecimiento— con un enfoque de largo plazo orientado a la descarbonización gradual de la industria. Para los agentes del sector, la claridad regulatoria y la ejecución oportuna serán claves para evitar que el déficit proyectado se materialice y afecte tanto la competitividad empresarial como los costos al usuario final.