El Ministerio de Salud defendió su gestión financiera frente a la crisis del Instituto Nacional de Cancerología y aseguró que entre 2022 y 2026 ha girado más de 416.928 millones de pesos para garantizar su operación, fortalecer la investigación en cáncer y modernizar su infraestructura. La entidad sostiene que estos recursos se han entregado en un contexto de deudas acumuladas y presiones crecientes sobre la red de atención oncológica.

La cartera de salud afirma que el flujo de recursos hacia el instituto ha sido histórico y que no se justifica la suspensión de servicios a pacientes oncológicos. El pronunciamiento surge luego de que el INC advirtiera sobre restricciones en la atención de usuarios de la Nueva EPS por falta de contrato y por el aumento de las obligaciones pendientes de pago.

Según el Ministerio, el giro de recursos entre 2022 y 2026 incluye más de 313.000 millones de pesos destinados al funcionamiento del instituto, con énfasis en atención especializada y soporte técnico. A esto se suman inversiones en investigación cercanas a 18.000 millones de pesos a través del Fondo de Investigación en Salud y recursos adicionales para innovación científica.

La entidad también reporta inversiones por 85.668 millones de pesos en dotación de equipos médicos de alta complejidad y cerca de 76.155 millones proyectados para la producción de biosimilares oncológicos entre 2026 y 2032, con el objetivo de reducir costos de tratamiento y ampliar el acceso a medicamentos.

El Ministerio insiste en que estos recursos han permitido sostener la operación del principal hospital oncológico del país en medio de una presión financiera que no es nueva. El INC arrastra deudas históricas que en 2022 rondaban los 207.000 millones de pesos y enfrenta una cartera creciente con aseguradores.

Uno de los puntos más críticos es la relación con la Nueva EPS. Las obligaciones de esa entidad con el instituto pasaron de 36.295 millones de pesos en 2024 a 136.424 millones en 2026, según reportes del sector, lo que ha generado tensiones en la prestación de servicios y episodios de restricción temporal en la atención de nuevos pacientes.

En respuesta a la crisis, el Gobierno destaca que el crecimiento de los giros busca precisamente evitar interrupciones en la atención de pacientes con cáncer, una de las poblaciones más sensibles del sistema de salud. También sostiene que parte de los recursos ha sido clave para sostener la capacidad diagnóstica y terapéutica del instituto.

Sin embargo, la tensión financiera no se ha resuelto. El INC mantiene presiones de caja por el retraso en los pagos de las EPS y ha tenido que recurrir a acuerdos parciales para garantizar la continuidad de los tratamientos. Uno de esos acuerdos recientes con la Nueva EPS contempla desembolsos por 52.000 millones de pesos en el corto plazo.

El caso refleja un sistema de salud con alta dependencia del flujo de recursos entre aseguradores y prestadores, donde los giros públicos conviven con una cartera creciente que presiona la operación hospitalaria. En ese equilibrio inestable, el Instituto Nacional de Cancerología se mantiene como uno de los principales termómetros de la crisis oncológica en Colombia.