La negociación del nuevo pliego de peticiones de la Unión Sindical Obrera con Ecopetrol abrió un choque interno en el sindicalismo de la petrolera, luego de que la asociación Asopetrol advirtiera que el costo total de las solicitudes podría ubicarse entre 5,3 y hasta 7 u 8 billones de pesos. Esa cifra, según sus cálculos, se acercaría al gasto laboral anual de la compañía, estimado en alrededor de 7,1 billones de pesos.

El debate no solo se centra en el impacto financiero, sino también en el alcance de las peticiones y en la relación entre organizaciones sindicales dentro del Grupo Ecopetrol. Asopetrol sostiene que el pliego de la USO incorpora beneficios que podrían generar desequilibrios entre trabajadores afiliados y no afiliados, además de ampliar la influencia del sindicato mayoritario en decisiones laborales y operativas.

Entre las solicitudes divulgadas en el documento se incluyen la entrega de siete camionetas 4×4 para directivos sindicales, la construcción de hasta cinco sedes adicionales con un tope cercano a 20.000 millones de pesos y el mantenimiento de infraestructura ya existente. También se contemplan auxilios económicos periódicos para dirigentes y comités, además de recursos para actividades sindicales que superan los 4.500 millones de pesos en un año inicial.

Asopetrol ha cuestionado la magnitud del pliego y advierte que, si se extiende a filiales como Cenit y Reficar, el impacto podría ser mayor al inicialmente calculado. Su dirección considera que algunas cláusulas generan un trato preferencial hacia la USO y podrían afectar el equilibrio entre los más de 100 sindicatos que existen en el grupo empresarial.

La Unión Sindical Obrera, por su parte, defiende que las solicitudes hacen parte del ejercicio legítimo de la negociación colectiva y rechaza que exista intención de exclusión. Su dirigencia ha señalado que los beneficios propuestos responden a necesidades operativas del trabajo sindical en zonas de difícil acceso y a la actualización de condiciones laborales en línea con la realidad económica del país.

El sindicato también recuerda que en negociaciones anteriores los acuerdos han tenido costos muy inferiores a las cifras hoy estimadas por otros actores. En 2014 el acuerdo se ubicó en cerca de 150.000 millones de pesos y en 2018 en alrededor de 180.000 millones, según antecedentes divulgados por la propia compañía en ese momento.

Hasta ahora no existe una cifra oficial consolidada por Ecopetrol sobre el impacto total del pliego, ni una postura pública de la empresa frente a las estimaciones que circulan en el debate sindical. La negociación continúa abierta en medio de tensiones internas que ponen en el centro la gobernanza laboral de la principal empresa estatal del país y su papel en la estructura financiera del Estado colombiano.