El sistema financiero colombiano encendió las alarmas por lo que denomina un presunto “cartel de la insolvencia”, una red que estaría usando los mecanismos legales de quiebra para evitar el pago de obligaciones. La advertencia proviene de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, que vincula el fenómeno con un crecimiento acelerado de los procesos de insolvencia de personas naturales, que pasaron de unos 400 casos hace una década a cerca de 20.000 en 2025, con proyecciones de hasta 35.000 en 2026.
El gremio estima que el impacto económico podría rondar el billón de pesos, con efectos sobre bancos, cooperativas, fintech y proveedores de servicios, además del recaudo fiscal del Estado. Aunque reconoce que no todos los casos son fraudulentos, sostiene que el incremento de irregularidades en los procesos motivó la alerta sobre posibles estructuras organizadas detrás del fenómeno.
El aumento sostenido de estos trámites coincide con un entorno de mayor sobreendeudamiento de hogares, tasas de interés elevadas y mayor uso de herramientas legales de reorganización financiera. Para el sector bancario, el riesgo ya no es solo jurídico, sino sistémico, porque puede afectar la confianza en los mecanismos de crédito formal.
Cómo opera el esquema
El presunto esquema funcionaría a través de redes de asesores y firmas jurídicas que ofrecen a personas endeudadas la posibilidad de “eliminar obligaciones” mediante procesos de insolvencia. Estas ofertas circulan principalmente en redes sociales y canales digitales, donde se promete una salida rápida de reportes negativos y deudas acumuladas.
En algunos casos, según la denuncia, se induce a los usuarios a adquirir nuevos créditos o a simular una situación de crisis financiera para activar el proceso. También se habrían identificado estructuras basadas en empresas de papel que permiten inflar artificialmente los pasivos y cumplir con los requisitos legales de insolvencia.
Otro componente del esquema serían los llamados “quiroamigos”, prestanombres que figuran como acreedores ficticios dentro de los procesos. La repetición de abogados, consultores y centros de conciliación en múltiples casos ha levantado sospechas de coordinación sistemática para instrumentalizar la Ley 1116.
Riesgos legales del mecanismo
Las autoridades y expertos advierten que estas prácticas pueden configurar delitos como fraude procesal, falsedad en documento y concierto para delinquir. En estos casos, las penas pueden superar los 10 años de prisión, además de sanciones disciplinarias que incluyen la pérdida de la tarjeta profesional para abogados involucrados.
El uso indebido de la insolvencia también puede generar restricciones de acceso al crédito en el largo plazo, afectando a personas que participen en estos esquemas, incluso si lo hacen sin plena comprensión de las implicaciones legales.
Para el sistema financiero, el riesgo es estructural. Un deterioro en la confianza sobre estos procesos podría endurecer las condiciones de crédito, elevar costos de financiamiento y reducir el acceso a préstamos formales para hogares y empresas que sí enfrentan dificultades económicas reales.
Revista COP 