La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización empresarial de Restcafé S A S, propietaria de la cadena Café OMA, con el que la compañía podrá reestructurar un pasivo cercano a 76.000 millones de pesos y pagarlo en un plazo de diez años. La decisión fue adoptada por el juez concursal tras una audiencia pública realizada ayer, luego de verificar que el plan obtuvo el respaldo del 76,3% de los acreedores calificados y graduados, cumpliendo las mayorías exigidas por el régimen de insolvencia empresarial en Colombia.
Con esta determinación, OMA evita un escenario de liquidación y asegura la continuidad de su operación en el país. La compañía mantendrá 477 empleos directos y la operación de 86 puntos de venta, lo que representa la preservación de su red comercial en un contexto de presión sobre el consumo y los costos del sector de alimentos y bebidas. El acuerdo busca ajustar la estructura financiera de la empresa sin frenar su actividad, alineando los pagos de la deuda con la generación de flujo de caja durante la próxima década.
El pasivo sujeto a reorganización fue depurado frente a cifras previas que superaban los 100.000 millones de pesos, tras la exclusión de ciertos créditos que permitieron concentrar la negociación en obligaciones reconocidas dentro del plan. La estructura del acuerdo no ha detallado públicamente tasas de interés ni condiciones específicas de pago, pero se construyó bajo el marco de la Ley 1116 de 2006, que prioriza la preservación de empresas viables y la protección del empleo.
En contraste, el proceso de Franquicias y Concesiones S A S, operadora de la marca Presto, quedó en suspenso. Aunque la compañía había alcanzado un respaldo cercano al 82% de sus acreedores y buscaba reestructurar un pasivo aproximado de 104.000 millones de pesos, la audiencia de confirmación fue suspendida por orden judicial tras una acción de tutela presentada por un acreedor. La medida detuvo temporalmente la decisión sobre su plan de reorganización.
Ambos procesos hacen parte de una negociación más amplia que, en conjunto, supera los 218.000 millones de pesos en obligaciones empresariales en reestructuración. Sin embargo, la única decisión confirmada hasta ahora es la de Café OMA, que avanza hacia su estabilización financiera, mientras Presto permanece a la espera de que la justicia constitucional resuelva el fondo del recurso que frenó su audiencia.
La Superintendencia de Sociedades seguirá ejerciendo vigilancia sobre el cumplimiento del acuerdo de OMA y el desarrollo del proceso de Presto, en un caso que refleja cómo los mecanismos de insolvencia buscan equilibrar la continuidad empresarial con el pago ordenado a los acreedores en medio de presiones económicas del sector.
Revista COP 