El Gobierno Nacional activó los organismos de inteligencia del Estado y ordenó una respuesta inmediata de seguridad tras recibir información sobre un presunto plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, su familia y su esquema de protección. Como parte de la reacción institucional, el Ejecutivo anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quienes entreguen datos que permitan prevenir el ataque o identificar a los responsables.
La decisión se produjo luego de que la Policía Nacional pusiera en conocimiento del Gobierno la existencia de una alerta de riesgo basada en labores de inteligencia. La información fue comunicada al alcalde, quien denunció públicamente la existencia de un posible plan de bandas criminales en su contra durante el anterior fin de semana.
El Ministerio de Defensa, a cargo de Pedro Sánchez Suárez, confirmó la activación de las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública en coordinación con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección. Según el Gobierno, el objetivo es verificar la información, fortalecer la seguridad del mandatario local y prevenir cualquier materialización del riesgo.
A partir de esta decisión, el Ejecutivo amplió el alcance de las medidas de protección y del esquema de recompensas, que ahora no se limita a un caso individual sino que se integra a la estrategia nacional para prevenir atentados contra candidatos presidenciales. El Gobierno anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para cualquier persona que entregue información que permita anticipar, frenar o desarticular amenazas contra aspirantes a la Presidencia.
La medida busca incentivar la colaboración ciudadana en un contexto de creciente preocupación por la seguridad electoral, en el que las autoridades han identificado riesgos asociados a estructuras criminales con capacidad de planificación de ataques. La línea 157 fue habilitada como canal confidencial para recibir información y canalizarla hacia las agencias de inteligencia del Estado.
El esquema se articula con acciones ya en marcha para reforzar la protección de actores políticos en campaña, incluyendo el monitoreo de riesgos, el fortalecimiento de esquemas de seguridad y el trabajo conjunto entre organismos judiciales y de inteligencia. El Ministerio del Interior y la Fiscalía participan en la verificación de datos y en la identificación de posibles responsables.
Las autoridades no han detallado hasta el momento resultados concretos de las investigaciones ni capturas asociadas a las alertas recientes, pero insisten en que la prioridad es anticiparse a cualquier intento de violencia que afecte el desarrollo del proceso electoral.
Revista COP 