Más de 2,8 millones de predios en Bogotá tienen plazo hasta el 17 de abril para pagar el impuesto predial con descuento, en medio de una creciente tensión nacional por el impacto de la actualización catastral en el valor de este tributo. A esa fecha, el Distrito reporta un recaudo de 1,3 billones de pesos, según la Secretaría de Hacienda.

El calendario tributario de la capital coincide con protestas y bloqueos en varias regiones del país desde el pasado jueves, impulsados por incrementos del predial asociados a la actualización de avalúos catastrales. En departamentos como Boyacá, Santander y Cundinamarca, contribuyentes han reportado aumentos de entre 300% y 700%, e incluso casos extremos que organizaciones locales ubican entre 4.000% y 9.000%, tras la entrada en vigor de la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El origen del conflicto está en la forma como se ha implementado el catastro multipropósito, una política que busca actualizar el valor de los predios para reflejar su precio real y mejorar la planeación territorial. El problema es que muchos avalúos llevaban décadas sin actualizarse, lo que provocó saltos bruscos en la base sobre la cual se calcula el impuesto predial en este año.

En teoría, la ley establece límites. Para la mayoría de predios rurales, el impuesto no debería subir más de 50% frente al año anterior, y en viviendas de menor valor el incremento está atado a la inflación. Sin embargo, expertos señalan que estos topes resultan insuficientes frente a aumentos tan altos en los avalúos, especialmente cuando los municipios no ajustan sus tarifas para amortiguar el impacto.

El caso de Bogotá contrasta con ese escenario. Según cifras del Distrito, el 55% de los predios no tuvo aumentos reales o registró ajustes iguales o inferiores a la inflación. En vivienda, ese porcentaje llega al 70%, equivalente a cerca de 1,3 millones de hogares. Menos del 5% de los inmuebles tuvo incrementos superiores al 13%.

La diferencia radica en que la ciudad ha aplicado actualizaciones periódicas y un esquema de gradualidad que evita saltos abruptos. Aun así, el contexto nacional presiona el debate local, porque el mismo modelo de catastro multipropósito está detrás de los cambios en todo el país.

El trasfondo es un vacío normativo. El Gobierno radicó en 2023 un proyecto de ley para fijar nuevos topes al predial, con límites entre 30% y 200% según el valor del inmueble. Aunque la iniciativa avanzó en el Congreso, terminó archivada en 2024 sin convertirse en ley. Eso dejó al sistema tributario sin una transición clara justo cuando se aceleró la actualización catastral.

Mientras el Gobierno abre mesas de diálogo con sectores rurales, el mensaje en Bogotá es distinto. La Secretaría de Hacienda insiste en que el modelo local ha contenido los aumentos y ha reforzado los canales de pago, tanto digitales como presenciales, para facilitar el cumplimiento.

Lo que está en juego va más allá del calendario tributario. El predial es una de las principales fuentes de ingreso de los municipios y financia servicios públicos e inversión social. Pero si el proceso de actualización se percibe como desbordado, puede erosionar la legitimidad del impuesto y escalar el conflicto, como ya ocurre en varias regiones del país.