El Ministerio de Minas y Energía oficializó una reducción de $500 por galón en el precio de la gasolina desde el 1 de febrero de 2026, tras la firma de la resolución 40095. La medida, que no aplica para el diésel, busca contribuir a la desaceleración de la inflación y refleja el cierre parcial del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

De acuerdo con el Ministerio, el ajuste será homogéneo en todo el país y se sustenta en el proceso de corrección de los desequilibrios acumulados en el FEPC, que durante años generó una carga fiscal significativa. La cartera explicó que el esfuerzo de normalización de precios —incluido el alza gradual de la gasolina en años recientes— permitió reducir el pasivo del fondo y abrir espacio para un ajuste a la baja sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la rebaja es posible tras las decisiones fiscales adoptadas desde el inicio del gobierno para ordenar el sistema de precios de los combustibles. En esa línea, el Ejecutivo ha reiterado que el pago de cerca de $70 billones asociados al déficit del FEPC y la apreciación reciente del peso frente al dólar han reducido las presiones estructurales sobre el precio interno de la gasolina.

En términos de mercado, el promedio de las 13 principales ciudades pasará de $16.057 a $15.557 por galón. En Bogotá, el precio bajará de $16.491 a $15.991; en Medellín, de $16.412 a $15.912; y en Cali, de $16.502 a $16.002, manteniéndose entre las ciudades con los valores más altos pese al ajuste. Barranquilla verá una reducción de $16.126 a $15.626, y Cartagena de $16.083 a $15.583.

Otras capitales también reflejarán la disminución. En Bucaramanga el galón quedará en $15.748; en Villavicencio en $16.091; en Pereira en $15.939; y en Manizales en $15.966. En Pasto, el precio bajará a $13.747, mientras que en Cúcuta se ajustará a $13.900, manteniendo brechas regionales asociadas a costos logísticos y particularidades del mercado fronterizo.

Desde el punto de vista macroeconómico, la reducción tiene un impacto moderado pero relevante sobre la canasta de consumo y los costos de transporte privado, lo que podría ayudar a contener presiones inflacionarias en el corto plazo. Sin embargo, analistas advierten que el efecto sobre inflación será acotado y dependerá de la estabilidad del tipo de cambio y de los precios internacionales del petróleo.

Para el sector empresarial, el mensaje central es que el Gobierno gana algo de margen fiscal tras el ordenamiento del FEPC, pero la sostenibilidad de esta política dependerá de que no se reabran déficits estructurales en el sistema de combustibles.