El Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá entraron en una disputa política y técnica tras la expedición del Conpes 4190, que redefine la financiación del Regiotram del Norte y deja a la capital por fuera del esquema de cofinanciación. La decisión reorganiza uno de los proyectos de movilidad más relevantes para la región y abre un frente de tensión entre la Casa de Nariño, la Gobernación de Cundinamarca y el Distrito.
El documento aprobado a comienzos de mayo fija un costo total de 17,36 billones de pesos a precios de 2024. La Nación asumirá cerca del 81,6%, equivalente a 14,17 billones, mientras Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional cubrirán el 18,4% restante. Bogotá, que había expresado su intención de aportar alrededor de 2,3 billones de pesos, queda fuera del esquema de cofinanciación.
La decisión modifica lo previsto en versiones anteriores del proyecto, donde el Distrito tenía participación directa en la financiación. Ahora el Gobierno central absorbe una mayor carga fiscal con el argumento de asegurar el cierre financiero y evitar retrasos en la licitación, prevista para este año, con inicio de obras proyectado en 2027 y operación hacia 2034.
La Alcaldía de Carlos Fernando Galán sostiene que no fue consultada en la expedición del Conpes y que había manifestado su disposición a aportar recursos sin recibir respuesta formal. Desde el Distrito advierten que la medida afecta la coordinación técnica y aumenta los riesgos del proyecto en su fase de estructuración.
El Gobierno nacional defiende la decisión como una forma de garantizar la continuidad del tren que conectará Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá. El Departamento Nacional de Planeación afirma que las observaciones del Distrito fueron en su mayoría atendidas y que la ausencia de Bogotá en el Conpes no implica su exclusión del proyecto, dado que gran parte de la infraestructura estará dentro de la ciudad.
La Gobernación de Cundinamarca respalda el nuevo esquema al considerar que permite asegurar el cierre financiero y cumplir los tiempos de adjudicación. Su posición es que Bogotá podría integrarse más adelante mediante mecanismos de compensación de los recursos que asumiría la Nación en su lugar.
El presidente Gustavo Petro ha señalado que la decisión responde a la necesidad de no detener el proyecto por falta de acuerdos locales, mientras la ministra de Transporte insiste en que el cronograma no se modifica y que la licitación avanza según lo previsto.
El conflicto se concentra en el control del diseño urbano, la integración con el sistema de transporte de Bogotá y el impacto del trazado dentro de la ciudad, donde se proyectan 49 kilómetros de corredor y cerca de 10 estaciones en territorio distrital. La Alcaldía insiste en que persisten dudas sobre viaductos, cruces urbanos e integración tarifaria con el SITP y el metro.
En medio de la disputa, el Regiotram del Norte se mantiene como una de las principales apuestas de movilidad regional, pero también como un nuevo punto de fricción entre el Gobierno nacional y la administración de Bogotá por el control y la financiación de la infraestructura estratégica del centro del país.
Revista COP 