El presidente Gustavo Petro anunció el 7 de agosto que se llegó a un acuerdo con los mineros de Boyacá, poniendo fin a un paro que generó semanas de bloqueos y afectaciones económicas.
El acuerdo central se enfoca en la transición energética para la pequeña minería del carbón, un sector vital para la economía de la región. Esta resolución busca establecer un camino concertado para que los pequeños productores se adapten a la nueva política energética del país.
Las protestas, que coincidieron con la conmemoración de la Batalla de Boyacá, tuvieron un impacto significativo. Petro reconoció que las movilizaciones fueron la razón principal por la que se trasladó el evento conmemorativo a Leticia. Las afectaciones económicas en la región fueron considerables: bloqueos de vías, interrupción en el transporte intermunicipal y pérdidas que superaron los $1.000 millones. Cerca de 45.000 usuarios de transporte resultaron afectados, y el 98% de la operación de transporte se suspendió.
En su intervención, el presidente también propuso un diálogo para el sector de la minería de esmeraldas en Boyacá, buscando una democratización de las explotaciones. El objetivo es lograr un pacto que permita la participación de más actores y evitar los conflictos que históricamente han afectado la región.
El acuerdo con los mineros del carbón es un punto clave de la negociación. El Gobierno busca establecer una hoja de ruta para la transición energética que sea «justa e inclusiva», con la participación de la comunidad boyacense. El plan incluirá reconversión productiva, aprovechando las potencialidades de la región en agroindustria, turismo y energías limpias para mitigar el impacto económico en las comunidades mineras.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, destacó que el acuerdo fue posible gracias al «reconocimiento de la dignidad de los pequeños mineros». Con el levantamiento del paro, se espera la reactivación del transporte y el restablecimiento progresivo de las actividades comerciales. El Gobierno ahora busca agilizar procesos de formalización y garantizar la participación del sector minero en la transición, demostrando que el diálogo social es la herramienta principal para resolver conflictos económicos y sociales.
Revista COP 